En los últimos años, existe un incremento apreciable de las demandas contra los médicos por mala práctica en el ejercicio de su profesión. Según datos, hay alrededor de 125 reclamaciones de pacientes que entienden que han sido víctimas de negligencia y diagnósticos errados de los galenos, lo que ha dado lugar a quejas judiciales que han terminado, algunas de ellas, en condena penal para el médico actuante e indemnizaciones contra el centro de salud donde ocurrió el percance.
Conforme al Colegio Médico Dominicano, institución que tiene un departamento para darle asistencia legal a sus miembros, las demandas afectan más a cirujanos y ortopedas, profesionales que tienen que realizar intervenciones quirúrgicas, que han resultado catastróficas para los pacientes. La mayoría de los profesionales de la medicina tiene seguros para protegerse de posibles querellas, una práctica casi obligatoria en los Estados Unidos.
Generalmente, los médicos, alegan que la medicina no es una ciencia exacta y que 2 más 2 no son 4, pues no podrían comprometerse a realizar una obligación de resultado alegando que no pueden garantizar que una intervención quirúrgica tenga el éxito deseado, dado que durante un proceso operatorio pueda presentarse situaciones imprevistas, puesto que muchos pacientes tienen de por si un cuadro de enfermedades que, en un momento dado, podrían complicar el tratamiento.
Usualmente, cuando un paciente fallece a consecuencia de una intervención quirúrgica, los familiares de las víctimas se querellan penalmente contra el médico y civilmente contra la clínica donde trabaja el profesional.
La primera acción judicial persigue obtener una sentencia penal contra el galeno y la segunda pretende una condena por daños y perjuicios por un monto determinado de dinero. A veces se requiere atribuir al médico mala fe en su actuación, algo muy difícil de probar y seguimos.
Los jurisconsultos por décadas, se han debatido si la responsabilidad del médico es delictual o contractual. La Cámara Civil de la Corte de Casación Francesa, en una sentencia de fecha 20 de mayo de 1936, decidió que la responsabilidad del médico frente al paciente es contractual no delictual.
