Entre protestas, miedos, frustraciones e inconformidades avanza la extensión de la Segunda Línea del Metro de Santo Domingo en la avenida San Vicente de Paúl, desde la avenida Francisco del Rosario Sánchez hasta la antigua carretera Mella, en la zona Este de la capital.
Desde marzo del 2014, más de 2,000 personas, dominicanas y extranjeras, trabajan 12 horas diarias para agregar al Metro 4 estaciones y 5 trenes, con una inversión de 385 millones de dólares.
“Hemos ido trabajando de acuerdo a la inyección de recursos”, expresó ingeniero Leonel Carrasco, subdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), entidad gubernamental a cargo de la obra, de 4 kilómetros de extensión.
El proyecto cruza el río Ozama mediante un puente ferroviario de 1,100 metros de longitud y continúa con un túnel por la San Vicente de Paúl.
Los desalojos masivos de personas y comercios, los entaponamientos en el tránsito de vehículos y los constantes movimientos de tierra trastornan las vidas de las familias ubicadas en el entorno de la construcción, que tiene un presupuesto anual de RD$4,000 millones.
Unas 1,200 familias fueron desalojadas de las orillas del río Ozama y debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez, en los sectores de Gualey y Los Guandules.
También, en las intersecciones de la San Vicente de Paúl con la avenida Venezuela, con las calles Fernández de Navarrete y Trina de Moya y con la antigua carretera Mella, donde se levantan las 4 estaciones de pasajeros.
Otras 60 familias correrán la misma suerte en los próximos días.
“Mover de su hábitat a personas con 30 y 40 años viviendo en ese lugar ha sido lo más traumático y doloroso”, confiesa Carrasco.
Quieren irse
Las personas que siguen viviendo debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez alegan que es casi imposible vivir entre el polvo y el ruido que provocan las excavaciones y el movimiento de camiones, palas mecánicas y retroexcavadoras.
En consecuencia, algunas familias que se negaban rotundamente a abandonar el lugar ahora claman porque las autoridades las incluyan en las listas de desalojados.
Temen resultar lesionados por la caída de alguna barra de acero, un derrumbe de tierra o el descarrilamiento de algunas de las máquinas que operan a 50 metros de sus viviendas y grúas que suben paquetes de acero a 30 y 40 metros de altura.
“Por más inteligentes que ellos sean, están trabajando muy cerca de las viviendas y ponen nuestras vidas en peligro”, manifestó Israel Bello, un vecino que asegura mantiene los hijos encerrados por temor a una tragedia.
No obstante, Carrasco señaló que “nos quedan muy pocas personas por desplazar. Diríamos, 30 casas que están todavía reconciliadas y 30 que faltan por pagarles”.
Resaltó los sobresaltos a que están sometidos los ejecutivos de la Opret que trabajan en el ambicioso proyecto.
“Ha sido traumático trabajar con personas en los alrededores de una obra de esta magnitud. Eso nos mantiene tensos, porque tenemos que cuidar la vida humana”, dijo.
“Hemos sacado más gente de la cuenta. Tuvimos que ampliar más el radio de efecto a ambos lados del río Ozama”, precisó.
El funcionario considera que la obra más “peligrosa y compleja” es el puente que construye la Opret paralelo al Francisco del Rosario Sánchez, para uso exclusivo del Metro de Santo Domingo.
“Esas grúas están subiendo paquetes de acero altísimo, de 30, 40 metros”, dijo.
No obstante, reconoce que “los túneles son traicioneros y son obras de cuidado”.
Los comerciantes
Decenas de pequeños, medianos y grandes comercios cerraron sus puertas y los que todavía quedan afirman que sus ventas bajaron un 80 por ciento. Ambos grupos reclaman la debida compensación por los daños a sus propiedades y el desplome de las ventas.
Materiales de construcción, hoyos, zanjas y maquinarias pesadas por doquier obstaculizan el tránsito de vehículos y peatones, alejándolos de los establecimientos comerciales.
“Nadie se molesta en venir a comprar en en esta zona, mientras el polvo vuelve inservible nuestra mercancía”, se quejó José Rafael Miranda, administrador de la tienda de ropa Mírame Fashion, en la San Vicente de Paúl.
“Convirtieron esta zona en un pandemonio”, consideró Francisco Nolasco, entrevistado en momentos en que recogía la mercancía que quedaba en su quebrado negocio de repuestos de motocicletas, en la San Vicente de Paúl.
Los indemnizados
Carrasco aseguró que ha indemnizado debidamente a cientos de comerciantes desalojados para dar paso a las estaciones del Metro.
Afirmó que el Gobierno invierte el cinco por ciento del costo de la obra en resarcir a las personas afecta.
Aseguró que, buscando hacer indemnizaciones justas, un equipo de sociólogos, psicólogos, abogados y tasadores de la OPRET duró dos años reuniéndose con las familias desalojadas en Gualey y Los Guandules, con la mediación de las juntas de vecinos y las iglesias católicas y protestantes.
“Nosotros hemos auxiliado a los que tienen una afección directa. Todo el que calificó ahí salió bien”, expresó el funcionario.
El primer tramo de la Segunda Línea del Metro atraviesa El Gran de Santo Domingo de oeste a este, desde la avenida Gregorio Luperón, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta el puente Francisco del Rosario Sánchez, con 14 estaciones de pasajeros.
Los trabajos de construcción fueron iniciados en el 2009 y entró en funcionamiento en el 2011.
