La Dirección General de Migración informó que ha deportado 29,092 extranjeros indocumentados en los primeros siete meses del año, gran parte de ellos haitianos. Entre los indocumentados detenidos durante el año en distintas localidades, 28,919 son haitianos y 64 venezolanos, algunos de ellos implicados en hechos delictivos.
En enero detuvieron 3,934 indocumentados, en febrero 2,357, marzo 3,612, abril 4,958, mayo 4,995; junio 4,962 y en el transcurso de julio 4,101, según el reporte preparado por el departamento de Estadística de la Dirección de Migración, que preside el teniente general Máximo William Muñoz Delgado.
Los principales operativos contra haitianos indocumentados se han hecho en Santo Domingo, Santiago, Barahona, San Pedro de Macorís, Azua, San Cristóbal y Valverde.
También la Dirección de Migración ha deportado en el mismo período 37 indios, 10 cubanos, siete Armenios; cinco chinos, nueve rusos; cinco colombianos, cuatro puertorriqueños y tres italianos.
Entre los países que las autoridades dominicanas no han deportado ninguna persona en los primeros siete meses del año están Argentina, Brasil, Ecuador, Taiwan, Trinidad y Tobajo.
Mientras el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, precisó que la Dirección de Migración continuará realizando operativos en distintos lugares del país contra los indocumentados para deportarlos a su nación de origen.
La misma suerte tendrán los extranjeros que poseen carnés falsificados del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Contrario a eso los que poseen carné original pueden continuar desarrollando sus actividades de manera regular hasta el 26 de agosto del próximo año.
Aclaró que a todos los extranjeros se les respeta el debido proceso porque las autoridades de la Dirección de Migración respetan los derechos humanos.
Dijo que ninguna de esas personas será maltratada, pero los operativos continuarán en todas las provincias del país.
Sostuvo que las personas que se encuentran residiendo en el país sin la documentación correspondiente pueden ser detenidas por los inspectores de Migración y deportadas a su país, cumpliendo con el mandato establecido en la Ley de Migración.
