Ha causado gran revuelo la sentencia del Tribunal Constitucional que define la nacionalidad dominicana, decisión irreversible e inapelable que contribuye a despejar muchas incógnitas y abre el camino para regularizar la presencia irregular de extranjeros en nuestro territorio.

La sentencia enfoca, esencialmente, la situación de los ilegales haitianos que está esparcidos en toda la geografía nacional, violentando la legislación migratoria y socavando poco a poco la soberanía nacional. Los nacionales del vecino país constituyen una especie de quinta columna en nuestro país que estarían prestos a participar en cualquier conflicto que eventualmente ocurriera.

Las autoridades haitianas se oponen a la sentencia y abordan para que se reconozcan como dominicanos a los hijos de ilegales de esa nación. ¿Que afán tiene el gobierno haitiano para que los descendientes de ilegales sean admitidos como criollos?, se preguntaba un analista político.
Haití, donde existe un estado fallido, podría hacer cualquier reclamación si a uno de sus nacionales fuera despojado de su nacionalidad haitiana, y tal situación no se ha registrado. La propia constitución de ese país establece que los hijos de haitianos mantienen su nacionalidad no importan donde nazcan.

Es penoso y de mal gusto que el presidente Danilo Medina le haya pedido excusa a los descendientes de padres haitianos por las consecuencias de la sentencia del TC. El propio mandatario ha reconocido que se trata de otro poder del Estado, un área en la que está vedado inmiscuirse.
Se habla de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda promover una ley de amnistía a favor de los haitianos indocumentados. Es preciso recordar que la nacionalidad se adquiere por un proceso regulado por la ley, y una norma no puede ni debe dotar, de manera alegre, la nacionalidad dominicana.