Opinión

Migración y nacionalidad

Migración y nacionalidad

El largo tiempo transcurrido no ha arrastrado todo el lodo arrojado contra la imagen de República Dominicana por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad. Con la confusión que se ha creado se ha podido engatusar a una opinión pública que aprecia la masiva inmigración haitiana como un problema, pero no a una comunidad internacional que insiste en su rechazo al carácter retroactivo con que por medio del fallo se despoja de su identidad a decenas de miles de descendientes de haitianos cuyos progenitores se habrían establecido en el país de manera irregular.

Las repatriaciones de indocumentados son dolorosas, máxime tratándose de personas que no hacen más que trabajar para satisfacer sus necesidades, pero, salvo atropellos, no es lo que se cuestiona.

Tras el genocidio del 37 protagonizado por Trujillo se ha fomentado hasta nuestros días un odio patológico contra los haitianos, a quienes se niega hasta la condición de seres humanos y sus aportes al desarrollo a través del trabajo, en ocasiones con matices esclavistas, en la construcción y la agricultura. Esos sectores que hoy reivindican un nacionalismo digno de mejor causa, que han convertido los símbolos patrios en arietes y que anteponen la soberanía a la más leve observación de la comunidad internacional, jamás promovieron ninguna acción para que se sancionara el proyecto de ley de Migración, que permaneció más de 10 años engavetado en el Congreso. La ausencia de reglas contribuyó con el desorden.

En medio de la crisis generada por la tristemente célebre sentencia 168/13, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros contó con el respaldo de amplios sectores nacionales e internacionales. Pero, sin que nadie se confunda, son dos figuras distintas. Una aborda la nacionalidad y la otra la presencia de extranjeros en el territorio. Podrán discutirse los términos de la dominicanidad. Lo censurable –y de ahí que se hable de persecución y discriminación contra los haitianos- son los más de 70 años de retroactividad que consignó el Tribunal Constitucional. Y esa es precisamente la base de la tormenta que se ha levantado con las repatriaciones de indocumentados que se han anunciado.

Habría que ver cuál sería la reacción de América y el mundo si Estados Unidos, donde se calcula que viven más de 11 millones de extranjeros sin papeles, decide anular la residencia o ciudadanía y repatriar a los descendientes de personas que se hayan establecido de manera irregular en la nación en los últimos 50 años. Pues no es ni más ni menos lo que se ha procurado con la sentencia del tribunal presidido por Milton Ray Guevara, que ha puesto a República Dominicana en el foco no solo como un país insensible, sino violador del derecho internacional.

El Nacional

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