Finalizando marzo y comenzando abril, escribimos enfatizando los crímenes sexuales cometidos en las escuelas públicas del país, y hasta nos dirigimos al Ministro de Educación, llamando la atención a las prácticas tradicionales del sistema, frente a estos hechos.
Decíamos que se caracterizaban, generalmente, por resolverse en los Distritos correspondientes en los que se cometían abusos contra niñas y adolescentes, pero también contra niños y personal docente y administrativo, y se trasladaban a los depredadores sexuales, como “pena” aplicada, siendo que corresponde a la justicia intervenir en estos casos siempre.
El 18 de abril pasado, se hizo pública la noticia de que en la escuela Villa Amaro de Salcedo, un profesor era acusado de agredir sexualmente a 12 niñas y un niño y la comunidad educativa, escandalizada, comenzó a reaccionar positivamente.
El 20 de abril, el profesor de ciencias sociales, Pedro Arismendy Familia María, fue apresado y posteriormente, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de ese distrito judicial, le impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción.
El 24 de abril, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores-as (ADP) lo expulsó como miembro de la institución, junto a otro profesor acusado de abuso sexual contra estudiantes, aplicando la medida contra los imputados por incurrir en actos que violan los fines de la Educación dominicana en su literal (a), (b), (c) y (e) y los fines pedagógicos 1 y 2 de los estatutos adepeísta.
Por su parte, el Ministerio de Educación, Minerd, además de haber actuado apoyando a la justicia, en la persona de su ministro dispuso la conformación de una comisión técnica para investigar los casos de abusos sexuales en dos centros educativos del país, e instruyó que se tomen medidas pertinentes y urgentes para prevenir que se vuelvan a repetir agresiones contra niños, niñas y adolescentes que reciben enseñanza en las escuelas públicas a nivel nacional.
Ambas medidas, las de ADP y MINERD, responden como debe ser finalmente y nos atrevemos a sugerirles, que se incorporen a las redes interinstitucionales e intersectoriales que existen en el país trabajando desde hace años, para facilitar procesos de prevención, donde no ha sido fácil que participen.
En el caso de Santiago, el Movimiento Vida sin Violencia, MOVIDA, trabaja en red desde 1994 y ha tratado desde entonces incorporar a Educación, sin éxito y tampoco a la ADP.
El sistema de educación es idóneo para prevenir estas violencias, por eso tiene que capacitarse y responder positivamente con un manejo correcto de las situaciones presentadas y sus consecuencias.
