El director general de Minería dijo hoy que esa entidad no hará ningún comentario a la decisión del Tribunal Superior Administrativo que acogió un recurso de amparo relacionado con la concesión de Loma Miranda a la empresa Falconbridge. Resolución busca impedir una autorización que ya fue otorgada a esa empresa en el año 1969. El ingeniero Alexander Medina dijo que la concesión de Loma Miranda fue refrendada por el Congreso Nacional tras las revisiones que se le hicieron al contrato original en los años 1989 y 1994.
Medina opinó que en el caso de la explotación del yacimiento de cuatro millones de toneladas de mineral, existente en Loma Miranda, hay gran desinformación. El funcionario reiteró que la mayor parte de las instancias realizadas buscan impedir que a la empresa Falconbridge se le otorgue una concesión de explotación minera que ya tiene desde el año 1969.
De hecho, la empresa minera no viene reclamando una concesión sino un permiso del Ministerio de Medio Ambiente en el que se establezca que la explotación de esos recursos mineros tendrá un impacto controlado sobre el medio ambiente. El director de Minería, cuestionado por éste diario esta mañana, dijo que el nivel de desinformación existente no permite ver que la mayor parte de los beneficios de la explotación minera que realiza Falconbridge van al Estado.
Loma Miranda se ha convertido en un foco de resistencia de grupos ambientales y de diversas organizaciones sociales contra su posible explotación, al estimar los defensores que se debe prohibir la explotación de la mina y declarar la zona como parque nacional. El Tribunal Superior Administrativo acogió como bueno un recurso de amparo auspiciado por la Fundación Justicia y Transparencia y varios ciudadanos contra el Senado de la República, la comisión especial senatorial que estudia el proyecto de ley que convierte Loma Miranda en área protegida, el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Minería y otras entidades. La Dirección de Minería había solicitado declarar como inadmisible el pedido de amparo.
Esa petición también fue rechazada por el Tribunal Superior Administrativo.
