Una efectiva persecución del crimen depende en forma significativa de una adecuada administración de los recursos destinados a esa persecución. El dinero que recibe la Procuraduría General de la República para, entre otras cosas, perseguir la delincuencia y someter a los autores a la justicia, no es infinito, por lo que no es razonable que esta pueda investigar todos los crímenes de manera eficiente y obtener resultados positivos de su esfuerzo.
Hablar de perseguir a los administradores de sitios que no admitan entrada a locales privados por alegada discriminación, o someter a las personas que paguen por servicios sexuales, entre otras medidas anunciadas por el Procurador, luce como desperdicio de recursos justo cuando estos son más requeridos para hacer frente a otras infracciones que están impactando con mayor profundidad la tranquilidad ciudadana.
El punto de partida de una sana administración de recursos en materia de persecución criminal empieza en las denuncias. No hay estadísticas que revelen cuántas denuncias son desechadas por el mismo Ministerio Público cuando, a criterio de los fiscales, no existan pruebas suficientes o legalmente válidas como para llevar un juicio. Pero la enorme cantidad de sentencias de no ha lugar por falta de pruebas dictadas por la Justicia parecen indicar que esa depuración en la primera etapa es sumamente pobre, y llevar casos que culminen en ese tipo de resultados significa un desperdicio de los recursos a cargo del Ministerio Público.
Una inmensa cantidad de casos en materia penal se sustentan en pruebas circunstanciales o claramente inadmisibles muchas veces presentadas por las mismas víctimas, que el Ministerio Público estuvo en capacidad de evaluar antes de seguir el caso ante los tribunales. Si a pesar de lo anterior este decide continuar con el sometimiento, se desperdician recursos en un proceso con un final predecible.
Otra valoración es decidir cuáles casos tomar, basado en la relevancia social del delito, y qué estrategia seguir en las fases preliminares del juicio. Es llamativa la cantidad de personas en prisión preventiva dada la abundante cantidad de solicitudes en ese sentido por parte del Ministerio Público.
La prisión preventiva se consideró medida de coerción extraordinaria para beneficio del mismo Ministerio Público. Al ser extraordinaria, dicha medida estaba supuesta a permitir que la Procuraduría no asumiera el costo importante que supone mantener recluido a un acusado no peligroso mientras se conoce su juicio, abaratando la persecución. Es llamativo que sea el mismo Ministerio Público el que presiona para impulsar una medida que afecta su propia administración de los recursos, en casos, que, no obstante la gravedad de la infracción sospechada, la condición del imputado no parece ameritarlo.
En nuestro país no va a existir una adecuada persecución de la criminalidad si no existe un criterio apropiado en el manejo de los recursos destinados a esta. Es preferible tener un Ministerio Público enfocando sus recursos en pocos casos importantes con relevancia social obteniendo sentencias condenatorias, que uno hiperextendido atendiendo todo lo que le llega y apenas obteniendo sentencias condenatorias en una fracción de estos. Es una forma más eficiente de combatir la criminalidad.
