El Movimiento Izquierda Unida (MIU) dijo este jueves que la sentencia de la CIDH contra el país demuestra los vicios de origen de ese tribunal. Aseguró que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) nunca se ha caracterizado por su objetividad ni por su apego a los principios del derecho universalmente reconocidos, que se asientan, en primer lugar, en el respeto a la soberanía y la institucionalidad democrática de las naciones en el mundo moderno.

Afirma que la CIDH, cuyos fallos son inapelables aunque solo vinculantes para los Estados que hayan adherido su convenio constitutivo, lo que no es el caso de República Dominicana, muestra que suele juzgar tarde y mal los casos que se le presentan. También criticó que esa corte “se considera investida de poderes que nadie le ha otorgado para dictar órdenes dirigidas a violentar el orden constitucional de los países de nuestro hemisferio”. –

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RUPTURA CON LA CIDH: UNA DEMANDA FIRME Y REITERADA.

La reciente sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a supuestas violaciones de los derechos de ciudadanos haitianos ocurridas en el país hace alrededor de 15 años, ha vuelto a demostrar los vicios de origen de un tribunal no caracterizado, precisamente, ni por su objetividad ni por su apego a los principios del Derecho universalmente reconocidos, que se asientan, en primer lugar, en el respeto a la soberanía y la institucionalidad democrática de las naciones en el mundo moderno.

La CIDH, cuyos fallos son inapelables aunque solo vinculantes para los Estados que hayan adherido su convenio constitutivo, lo que no es el caso de República Dominicana, muestra con este acto fallido que suele juzgar tarde y mal los casos que se le presentan, y lo que es peor, que se considera investida de poderes que nadie le ha otorgado para dictar órdenes dirigidas a violentar el orden constitucional de los países de nuestro hemisferio, sin dudas, una vieja reminiscencia de los tiempos en que regían entre nosotros los viejos ordenes colonial e imperial.

La declaración de rechazo a la condena de la CIDH, emitida ahora por el gobierno dominicano, la califica de “extemporánea, sesgada e inoportuna”. Hace apenas un año, ante el informe vertido por representantes de esta misma Corte, tras concluir una visita de trabajo al país, nuestro gobierno también había rechazado su reporte final tildándolo de “…subjetivo, parcial y unilateral acerca de la realidad de nuestro país”. Por aquellos días iniciales de diciembre del 2013, se consideró la ocasión propicia para “…recordar, una vez más, que el gobierno está actuando con apego a nuestro orden constitucional”, agradeciéndose “… la mención que la CIDH realiza en torno a los avances logrados en el desarrollo de la institucionalizada democrática y la protección de los derechos humanos en el país”

Sospechosamente para la CIDH, lo que hace apenas un año era digno de elogios y reconocimientos en República Dominicana, a saber, los avances de la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos, hoy es motivo de condena y castigo, a tal extremo, que su rectificación requeriría de la variación de ese mismo orden constitucional, antes reconocido y elogiado.

¿Cómo ha sido posible este giro en las apreciaciones de la CIDH? ¿Qué fuerzas han dictado que, a todo trance y contradiciéndose a sí misma, ésta debe mantener viva la llama de la condena, la difamación, la hostilidad y las más groseras presiones chantajistas sobre un gobierno soberano, como el de nuestro país? ¿Qué objetivos geopolíticos se pueden perseguir tras la manipulación de la CIDH, en un caso como este, y en nuestro peculiar contexto?

Ante tamaña agresión contra la dignidad nacional, que es evidente no obedece a un fallo de apreciación, sino a un plan sistemático y deliberado, que no cesará, nosotros pedimos la separación de República Dominicana de un mecanismo, como el de la CIDH, obsoleto, inoperante, veleidoso y manipulable. Lo hicimos en la misma dirección en que se pronunció la aplastante mayoría de los partidos, personalidades, instituciones y la opinión pública nacional. Lamentablemente, este clamor no ha sido escuchado por el gobierno, el cual, en reciente declaración, ha refirmado su decisión de no abandonar dicho foro.

No hay dudas de que el ánimo constructivo y ecuánime, que ha caracterizado, hasta el momento, la actuación del gobierno del presidente Danilo Medina en la arena internacional, ha sido el factor decisivo al adoptarse la decisión de que el país mantenga su vinculación con la CIDH, pero al hacerlo ha desperdiciado una muy propicia oportunidad de hacer valer nuestra soberanía, procurar el respeto a nuestras instituciones más

sagradas y reafirmar su rumbo indeclinable de defensa de los intereses patrios.

Ante la mala fe y la hostilidad capaz de torcer el rumbo a una corte de justicia internacional, como es la de la CIDH, en apenas un año, apelando a sucesos acaecidos hace 15 años, y desconociendo la realidad del presente; ante el historial de desaciertos e injusticias de la CIHD, que ha provocado que varios gobiernos de la región se hayan retirado de la misma; ante la perspectiva de que las groseras campañas injerencistas, de este tipo, lejos de cesar, se recrudecerán, y que las fuerzas que hoy manipulan la CIDH, con vergonzosos fines geopolíticos y antinacionales, no cejarán en su empeño de retrotraernos a tiempos de sujeción ya superados por la historia, no cabe otra actitud que la ruptura pública y definitiva con la CIDH.

Esta es la demanda, firme y digna, de la inmensa mayoría de las fuerzas vivas y el pueblo dominicano, y es la que hoy reiteramos, y seguiremos reiterando, ante el gobierno del presidente Danilo Medina.

Basta de agresiones impunes. Basta de convivencia con quienes no respetan nuestra soberanía, nuestras leyes, ni nuestra Constitución.

Nuestros fundadores, restauradores y luchadores de todas las épocas nos enseñaron que la firmeza es la única manera de defender la Patria.