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MIU firma no debe ser tolerada una afrenta más de la CIDH

MIU firma no debe ser tolerada una afrenta más de la CIDH

Santo Domingo, D.N.- El Secretario General del MIU y Ministro para Políticas de Integración Regional del Gobierno dominicano, Miguel Mejía, considera que los señores de la CIDH y las fuerzas que se ocultan tras sus decisiones y las alientan, no dejan otra opción, ni están interesados en nada que no sea fomentar la confrontación y el desgaste de nuestros pueblos. Es extremadamente sospechoso que cada vez que entre Haití y República Dominicana se vislumbra el entendimiento y la solución conjunta de viejas rencillas, se alcen semejantes provocaciones destinadas a llevarnos de nuevo a la hostilidad, la desconfianza y el desprestigio.

Antes fue Gonzalo Vargas Llosa amparado detrás de la ACNUR. Hoy le ha tocado el turno a la CIDH, con sede en Costa Rica. Pero el guión y los fines que se persiguen son los mismos; por lo tanto, la respuesta de nuestro gobierno, nuestras instituciones y el pueblo dominicano ha de ser firme y radical, como lo ha sido la defensa de nuestra libertad y la conquista de nuestra independencia.

Es evidente que estas fuerzas oscuras, que manipulan a su antojo a ciertas ONG y organismos internacionales, no cesarán en su empeño. Así lo viene a demostrar la sentencia irrespetuosa e injerencista adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a nuestro país.

Según la misma, la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y el Plan Nacional de Regularización, puesto en vigor por el gobierno de República Dominicana, que, incluso, ha contado con el respaldo del propio gobierno haitiano y de la mayor parte de la comunidad internacional, resulta “discriminatorio”, en consecuencia, nuestro Estado merece ser condenado, como lo fue, al pago de una abultada multa en beneficio de los demandantes.

Y como si fuera poco, la sentencia de la CIDH indica detener la aplicación de la sentencia 168/13, del Plan de Regularización y de toda norma, de la naturaleza que fuese, incluyendo preceptos constitucionales, que promuevan el no reconocimiento de la nacionalidad dominicana a hijos de padres, nacidos en el país, que se encuentren en situación migratoria irregular.

De no ser por lo trágico y avieso de esta decisión forzada, movería a risa el empeño de la CIDH de condenar al país que intenta resolver, en medio de sus estrecheces y limitaciones, sacrificando tiempo y recursos que necesita, con urgencia, su propio pueblo, el problema que le ha sido impuesto por la historia y la convivencia, y que, en parte, es también producto de la indiferencia criminal y la lenidad de la comunidad internacional, y de organizaciones como la propia CIDH.

Las decisiones de esta Corte son vinculantes e inapelables, lo cual significa que, formando parte de la misma, la República Dominicana no será escuchada en sus argumentos, ni satisfecha, en el derecho soberano que le asiste.

En el artículo 31 del Reglamento de la CIDH, por ejemplo, se señala, de manera antidemocrática y ajena al derecho y la razón, que “contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”, de manera que los jueces de la CIDH, asentados en Costa Rica, reivindican para sí, en sus decisiones cotidianas, el uso del dogma de infalibilidad papal, proclamado en 1870, pero que la propia Iglesia Católica ha considerado de uso excepcional.

 

Creada en noviembre de 1969, la CIHD ha atravesado el mismo proceso histórico del continente al que se supone sirva de salvaguarda en el muy sensible tema de los Derechos Humanos. Su historial, contradictorio y errático, frecuentemente ambiguo y alejado de la realidad de nuestros países, hace pensar que si la energía y voluntad que ha mostrado al decidir sobre la demanda entablada contra República Dominicana, basada en hechos acaecidos, en algunos casos, hace más de una década, y contando con testimonios de algunas personas que han cometido delitos de falsificación de documentos y violación de las leyes electorales del país, se hubiesen empleado para condenar los golpes militares reaccionarios, la guerra sucia contra nuestros pueblos, el terrorismo de Estado, el Plan Cóndor, las desapariciones, las torturas y el asesinato, hoy gozaría de mucho mayor prestigio y credibilidad.

¿Actúa de semejante manera la CIDH al conocer las denuncias cotidianas por las flagrantes leyes discriminatorias de inmigración que se aplican en los Estados Unidos; por la separación de familia y la deportación de niños, que son hoy noticia? ¿Se atrevería a exigir de ese gobierno el cambio, la paralización de sus leyes, y la reescritura de su sacrosanta e inmutable Constitución? Su celo humanitario, ¿llegaría hasta multar al gobierno norteamericano por prácticas frecuentes, esas sí, atentatorias de los derechos humanos y lesivas a la familia y la dignidad de las personas?

Pero ante semejante y escandalosa parcialización y doble moral, existen países, antes que el nuestro, que han optado por la senda de la dignidad y el decoro, abandonando las filas de la CIDH.

En mayo de 1998, el gobierno de Trinidad y Tobago denunció la Convención que dio origen a la CIDH y se retiró de sus filas. En septiembre del 2012, el gobierno bolivariano de Venezuela hizo lo mismo. Cuba jamás ha sido miembro de ella, en tanto país bloqueado por el gobierno de los Estados Unidos, el que ordenó a la OEA separarla de su seno y de todas sus instituciones.

En las próximas horas el gobierno de la República Dominicana dará cumplida respuesta a semejante agresión contra su soberanía, la dignidad nacional y nuestra democracia. Lamentablemente, no hay mucho margen aquí para el entendimiento, ni la razón, tras haber la CIDH quemado los puentes de la comunicación, con su decisión y sus sanciones inapelables.

Nuestra posición es clara y así se la hacemos saber al presidente Danilo Medina: si queremos continuar por la senda de la normalización y regularización de nuestras relaciones bilaterales con la vecina Haití, como indican nuestros intereses y el derecho, esto no se logrará jamás bajo la espada de Damocles de instituciones como la CIDH, más interesadas en perpetuar la confrontación que en propiciar la convivencia pacífica y civilizada. En consecuencia, propugnamos por la salida de República Dominicana de un mecanismo falso, parcial y lesivo a nuestra soberanía como es la CIDH, de manera oficial, pública e inmediata.

Debemos confiar, respaldar y estar unidos alrededor de la institucionalidad patria representada por el presidente Danilo Medina. Precisamente por eso la ruptura es el paso indispensable para preservar esa misma unidad. No nos dejan otra opción y tendremos que asumir el reto.

La CIDH, con su sentencia, da un peligroso paso en falso y muestra, sin querer, las entretelas de la componenda difamadora y anti dominicana que se alienta desde el exterior. Demos a esta ofensa, la respuesta firme, contundente y patriótica que se merece.

El Nacional

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