El árbol del cual penden los frutos de nuestra democracia debe ser estremecido para que caigan sus productos inservibles, fumigado, abonado, mimado con fruición y rogar que, en un plazo que no será breve, este desorden generalizado, en el cual toda pasa y no pasa nada, empiece a transitar senderos que lo conduzcan a una situación en que podamos sentir orgullo de un sistema que hace mucho prometía bondades siempre postergadas a fuerza de pésimos gobiernos y un ejercicio ciudadano de bajísima intensidad.

¿Cómo es posible que a casi dos décadas del siglo 21 continúen ocurriendo episodios que manifiestan que el patrimonio público es manejado como botín de guerra y eso no genere las consecuencias esperables en cualquier Estado funcional? ¿Cómo explicar fortunas obscenas de funcionarios cuyos ingresos en sus cargos tornan imposible una legítima acumulación de capitales de esas magnitudes? ¿Hasta cuándo la competencia electoral seguirá siendo pretensión quimérica para quienes podrían interesarse en participar con buenas intenciones, pero sin posibilidades ante el apabullante derroche de recursos de adversarios suplidos por la corrupción?

Lo sucedido con las mochilas distribuidas por la diputada Lucía Medina es la más reciente prueba de que en este país la transparencia, las reglas de juego equitativas y de aplicación general, así como el principio de igualdad de todos ante las leyes, siguen siendo una aspiración que confirma la falsía de un progreso que solo repercute en bolsillos insaciables de minorías miopes que no alcanzan a ver que están atentando contra sus propios intereses. No es cierto que su despreocupación se deba a que cuando todo estalle se van del país. Eso no es lo que quieren ya que en ninguna parte pueden operar despojados de límites como aquí.

Las explicaciones ofrecidas por la congresista son burlescas. ¿Alguien desconoce que pretende la senaduría por San Juan? Esa sola circunstancia le impediría hacer lo que hizo si la JCE asumiera su deber de hacer cumplir las leyes. ¿Quién puede creer que un suplidor confeccione miles de unidades más que las encargadas por el Estado? ¿Si la señora siente que le ocasionaron daños, por qué no recurre a los tribunales como en otras ocasiones para proteger su honra? ¿Por qué no desaparecen para siempre las nefastas fundaciones receptoras de millones de pesos del erario para acciones populistas y clientelares de sus patrocinadores? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar una clase política y sus cómplices, responsables de nuestras penurias?