Moderado

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El proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de gastos Públicos para 2017, aprobado ayer por el Consejo de Ministros por un monto de RD$711, 399 millones, se presenta con etiqueta de moderado, con una previsión de ingreso adicional sustentada en endeudamiento y mejoría de la administración tributaria.

Ese proyecto prevé un incremento de la fiscalidad equivalente al 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB), que en términos absolutos representarían unos 40 mil millones de pesos, pero será financiado con emisiones de bonos soberanos y bonos internos por valor de US$2,700 millones.
Se resalta que los 48 mil millones adicionales en el Presupuesto 2017 se distribuyen en sectores básicos de la economía como Educación (13 mil), Salud (15 mil), Seguridad Ciudadana (3 mil), así como una partida de mil 700 millones para los programas del Gabinete Social.

La pieza no contempla un aumento general de salarios para empleados públicos, aunque destina partidas para mejoría de sueldos para servidores de los sectores Salud y Educación, así como para miembros de la Policía, aunque no en los niveles reclamados.

El monto de financiamiento de ese presupuesto (127 mil millones de pesos), del que se restarían los 15 mil millones para cubrir amortización de capital y pago de intereses en 2017, reflejaría una reducción en la previsión de déficit fiscal, de 2,8% a 2,3% del PIB.

Poderes públicos e instituciones estatales recibirían modestos incrementos en las partidas asignadas, como el caso del Poder Judicial (800 millones de pesos) y la Universidad Autónoma (500 millones, lo que indica que proseguirán los reclamos y protestas por mayores asignaciones.

En sentido general, el proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos presentado por el Gobierno tiene ribetes de moderación, que algunos economistas definen como subvaluación, pero se reconoce que posee vocación de equilibrio fiscal y de estabilidad macroeconómica. Pero preocupa su alto nivel de financiamiento.

El Congreso, de mayoría oficialista, frente al proyecto de ley, no puede ni debe jugar el indigno papel de sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, sino que tiene la obligación de auscultarlo, escuchar y ponderar las observaciones y objeciones que presenten los diversos sectores nacionales y, si fuera necesario, proceder a su modificación.

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