Establecer un nuevo impuesto de RD$20 al mes en la factura telefónica de renta fija para el Servicio 911 es muestra de la falta de visión sobre el rol del Estado. Es una evidencia más de que proyectos de esa naturaleza, vitales para la seguridad ciudadana, carecen de la planificación y la transparencia necesaria. De entrada, rechazo ese nuevo impuesto, pues los bolsillos de la mayoría de los dominicanos no resisten una carga impositiva más.
Los proponentes oficialistas del impuesto argumentan que es necesario dicho gravamen para que el 911 sea sostenible en el tiempo, y no dependa tanto del gobierno y de las donaciones. Se trata de una afirmación que revela desconocimiento total de los instrumentos existentes en el Estado para convertir el servicio 911 en una realidad, que sea eficiente y sin que sea una carga para el contribuyente, agotado de aportar al Estado.
El servicio 911 tiene varios componentes, entre ellos, el más costoso, que es el de telecomunicaciones, que involucra la red informática. El otro componente importante es el humano, y para ello están los organismos especializados. No hay que establecer impuestos para ninguno de esos dos componentes.
Precisamente, el Indotel, órgano regulador de las telecomunicaciones, administra el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que supera los 800 millones de pesos, precisamente para financiar y apoyar en el componente de telecomunicaciones para proyectos de esa naturaleza. Para ello, el servicio 911 debe ser presentado ante el Indotel, e incluir en el Plan Bianual de Proyectos, cumpliendo con los requisitos de transparencia.
El sector de las telecomunicaciones paga en la actualidad 30% de impuestos sobre la factura telefónica. La mayoría de los hogares y negocios pagan teléfonos fijos. Cargar más a los dominicanos, con otro impuesto, encima del paquetazo, es un abuso.
El gobierno debe retirar su intención de crear ese impuesto, y en su lugar, recurrir al Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones del Indotel. Los legisladores del PRD, como es lógico, deben rechazar ese impuesto, lesivo a la mayoría de los dominicanos.
