Respecto del problema de la criminalidad, la opinión pública tiende a volcarse en contra de los jueces, aupada por un Ministerio Público y una Policía Nacional que frecuentemente acuden a la prensa para verter lamentos por sus fracasos una vez sus investigaciones llegan a la justicia.
El caso de los alemanes en el residencial La Mulata 3 en Sosúa muestra la otra cara, donde por puras novatadas procesales de parte de los actuantes de ambas instituciones, su investigación queda irremediablemente insalvable. Si en este caso de alto perfil se cometieron pifias de esa magnitud, puede que estemos frente a la punta de un iceberg que quizás nos debería obligar a pensar un poco menos en los jueces y mirar más profundamente al Ministerio Público y los policías al explicar por qué quedan libres los criminales.
En el caso contra los alemanes de la Mulata 3 por supuesta conformación de grupo armado y asociación de malhechores, no solo las armas encontradas no constituyen una prueba contundente de una acusación de ese tipo, sino que toda la evidencia recabada, incluyendo las mismas armas, ya es inadmisible por un proceso que el mismo Ministerio Público y la Policía Nacional reconocen estuvo plagado de irregularidades. Cualquier juez otorga el proverbial no ha lugar en un caso donde el proceso de recoger evidencias estuvo claramente corrompido, indistintamente de si una parte de la evidencia fuera correctamente recabada. Derecho 101, el fraude lo corrompe todo.
Por otro lado, resulta llamativo que, no obstante haberse deshecho la acusación porque toda la evidencia quedó comprometida, el Ministerio Público insista en seguir llevando el caso amparado en pruebas defectuosas. Esto es un evidente desperdicio de recursos del Ministerio Público, que en vez de buscar un acuerdo o simplemente desestimar su propio caso, sigue adelante en un proceso que le tomará meses y que muy bien sabe va a terminar sin condenación.
Eso nos lleva a cuestionar si lo ocurrido en La Mulata 3 es algo aislado o es práctica común que ahora se hace evidente. De repente, el elevado número de no ha lugar se hace llamativo no por los jueces, sino por el mismo Ministerio Público y la Policía Nacional.
El Ministerio Público en nuestro país luce obsesionado en obtener la prisión como medida de coerción en casi todos los casos, desatendiendo su misión principal, que es lograr condenas definitivas por crímenes demostrables con evidencias. Esto luce como un serio desenfoque administrativo y de planificación que hace flaco servicio en el manejo de los escasos recursos con los que cuenta.
La labor de un juez es valorar las evidencias. Para quebrar la presunción de inocencia que establece nuestra Constitución, la evidencia tiene que demostrar más allá de cualquier duda razonable que un imputado es culpable. Nunca será culpa del juez que el Ministerio Público o la Policía sean incapaces de prover eso.
Si algo nos puede enseñar el caso de La Mulata 3 es que el manejo de fiscales y policías puede ser sumamente errático, al punto que ellos afectan sus propias investigaciones hasta inutilizarlas. Esto, en adición al pobre manejo y la falta de criterio para llevar casos a la justicia por parte del Ministerio Público, debe ser revisado si la aspiración honesta es empezar a reducir la criminalidad.
