La venta del barrio Los Tres Brazos era una operación demasiado oscura y escandalosa que en modo alguno se podía legitimar. Aunque el Poder Ejecutivo la rescindió, señalando que la negociación no cumplió, conforme a un examen preliminar, con la ley 141-97 de la Reforma de la Empresa Pública sobre procesos de licitación ni con la aprobación del Congreso, todavía quedan otras incógnitas en torno a la transferencia por 80 millones de pesos del 1,213,861 metros cuadrados que tendrán que aclararse, si es que se quiere o se puede, para despejar dudas.
Corde, que hasta último momento defendió el carácter legal de la venta del barrio, debe explicar las razones de la negocio aparentemente gracioso a una compañía inmobiliaria, Inversiones Parache y Asociados (Infepa), que hoy parece que ni existe, porque la que ha sacado la cara frente a la tormenta que se ha creado es Titulatec, con la que se dice se asoció para la titulación de los solares.
El consorcio no podrá decir que fueron motivos sociales, para legalizar la propiedad de los ocupantes, porque de ser así hubiera buscado la manera de ofertárselos a precios asequibles con facilidades de pago.
Por la tranquilidad que conlleva, la decisión de paralizar el negocio, que es de lo que se trató, ha caído bien. Basta con señalar que el metro cuadrado que se compró a menos 80 pesos, comenzó a venderse de inmediato a 1,200 y en algunas zonas hasta a 4,000.
De entrada se advierte que las ganancias multiplican por mucho la inversión, por demás también dudosa, porque tampoco se sabe si Infepa erogó el monto total o parcial de la compra. Sin que todavía se haya mostrado el menor documento, ya Titulatec aduce, mientras tanto, que erogó 92 millones de pesos por los solares que Corde traspasó en 80.
La comisión designada por el Ejecutivo tendrá que determinar todos los pormenores de la operación, por la mucha sospecha que ha despertado. De Infepa y sus accionistas es muy poco lo que sabe, así como de los vínculos de la firma con Titulatec. Son detalles que tendrán que dilucidarse de la misma manera que la relación de los representantes de ambas agencias con Corde. Desde el primer momento se ha conjeturado que en la insólita transacción, porque debe ser la primera vez que en el país se vende un barrio, hay gato entre macuto.
Además el consorcio, que se amparó en la ley de capitalización de la empresa pública para ejecutar la operación, tiene que aclarar para qué necesitaba y qué hizo con los 80 millones de pesos.
Porque a lo mejor pudo hasta tratarse de una concesión jurídicamente bien elaborada para cobrar cuando se vendieran los terrenos. A falta de una aclaración bien detallada las especulaciones son razonables. Y sobre todo con las muchas “casualidades” que han aflorado en la medida que el conflicto se ha debatido.
