La Junta Central Electoral (JCE) reemprende la tarea de convencer a la clase política sobre la necesidad de consensuar una Ley de Partidos y la de Régimen Electoral que garanticen el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.
El presidente de la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, ha señalado que esos estatutos ayudarían a controlar lo que define como una plutocracia, que permite a los ricos mayores niveles de influencia en el Estado y la sociedad.

La anhelada Ley de Partidos ofrecería garantía de igualdad a partidos y ciudadanos en las campañas electorales mediante el control de los ingresos y gastos de los candidatos y agrupaciones participantes, lo que significa que la población podría escoger sin atadura clientelar a sus autoridades.

Es claro que Gobierno y partidos mayoritarios carecen de auténtica voluntad para acordar, aprobar y promulgar tan necesario estatuto, sin el cual se cumpliría en cada una de las elecciones presidenciales, legislativas o municipales, el principio aquel de que el pez grande se traga al pequeño.
Los partidos políticos carecen de controles jurídicos que les permitan escoger en libre competencia a sus candidatos, una deficiencia que sería suplida por la Ley de Partidos, y también evitaría que el dinero ilegal imponga la regla de juego en procesos electorales.

Castaños Guzmán, quien acudió junto a los demás integrantes del Pleno de la JCE como invitado al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, ha advertido que el derecho constitucional a elegir y ser elegido sólo se garantiza con la puesta en vigencia cuanto antes de una Ley de Partidos.

El liderazgo político ha actuado irresponsablemente al colocar trabas que resultan muchas veces insalvables para el arribo de un acuerdo entre fuerzas políticas que permita que el Congreso conozca y apruebe un estatuto de control de los recursos que administran y emplean las organizaciones partidarias.

La ciudadanía está compelida a respaldar la nueva cruzada de la Junta Central Electoral en procura de que esta vez se conviertan en leyes un estatuto de partidos y el de régimen electoral, como forma de poner fin a un clientelismo político que se sustenta en la corrupción y la desigualdad.