Opinión

Oportunidad perdida

Oportunidad perdida

Entonces, dirían en el campo, no hay más que hablar: la modificación de la Constitución para permitir la reelección presidencial es un hecho. Sin embargo, nosotros decimos que sí hay más que hablar, porque un asunto de tanta trascendencia no puede permanecer estático, salvo que se produzca una unanimidad totalitaria, que no es el caso.

Uno no puede sino sorprenderse de las argumentaciones de quienes apoyan la reelección, por cuanto nuestra Historia ha demostrado cuán peligrosa resulta en un país con instituciones débiles, en el que el Estado siempre mete la cuchareta para usar los recursos públicos a fin de que sus titulares se queden en el Poder.

Los reeleccionistas hablan de la enorme popularidad del Presidente, citando encuestas que según ellos le otorgan hasta un 91 por ciento, algo nunca visto en la Historia dominicana y creo que tampoco en otro país de América Latina. El caso es inexplicable porque la gente común está muy irritada e inconforme con el alto precio de la comida y de los medicamentos, la corrupción, la impunidad rampante, la delincuencia común y la de cuello blanco, el creciente endeudamiento y muchos otros males, como para apoyar la reelección. Sería algo así como dar su visto bueno a todos esos problemas, incluso con agradabilidad.

Otro punto a considerar es la muestra. Generalmente, en todas las encuestas hasta hoy realizada casi siempre se toma una muestra de 1,200 personas. Entonces uno se pregunta, ¿constituye esa ínfima parte de la población dominicana la representación popular? No, es la respuesta tajante.

Esa encuesta es evidentemente una burla, que no logra convencer a nadie, aunque debería añadírsele que se trata de una encuesta manipulada.

La única encuesta valedera es la que surgiría de una Asamblea Constituyente, en la cual el pueblo decide directamente, no una Asamblea Revisora compuesta por políticos que llegaron a ser legisladores por el uso de recursos millonarios, algunos de los cuales de dudoso origen.

Se ha dicho que celebrar una Asamblea Constituyente resultaría muy costosa. Pero ¿no ha sido costosa la sangría que a lo largo de todos estos años se ha cometido contra el Erario Público para promover funcionarios y dotarlos de privilegios irritantes?

Fíjense los lectores en la rapidez con que el Presidente promulgó la Ley que convoca a la Asamblea Nacional para establecer la reelección. Ni asiquiera se cuidó de vetarla, lavándose las manos como Poncio Pilatos, con instrucciones a los legisladores de que ratificaran su decisión, por la presión partidaria, para verse en la obligación de promulgarla, echándole la culpa al Congreso. Ni siquiera eso.

El Nacional

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