Leí con cuidado un reportaje sobre el Centro Cultural Héctor J. Díaz, de Azua, y las quejas del pueblo sobre el deterioro del centro cultural (filtraciones, plomería, electricidad, equipos y falta de personal), y he aquí mis reflexiones. Creo que lo que está en juego en el actual gobierno es un gradual traspaso de la responsabilidad del Estado a la población.
Si nos quejamos de un Estado omnipotente (argumento tradicional de las clases dominantes para que les traspasen los bienes y responsabilidades del Estado), debemos ser capaces de asumir las infraestructuras que el Estado financia y manejarlas con responsabilidad comunal.
Siempre me ha molestado el deterioro de las propiedades públicas y me he preguntado:
1-Si un Centro Cultural engalana y beneficia a la población de cualquier provincia, ¿no hay dueños de tiendas de pintura que puedan donar unos cuantos galones para pintar las instalaciones?
2-¿No hay dueños de ferreterías que puedan donar el cemento, o material para arreglar las filtraciones, si se lo pide un grupo de consumidores?
3-¿Cuentan las organizaciones comunitarias que se benefician de los Centros Culturales con electricistas, plomeros o carpinteros que puedan donar trabajo?
El problema es que hasta ahora el gobierno no ha tenido una política inteligente de coadministración de los centros culturales, escuelas, y hospitales, con excepciones como el Oncológico, Rehabilitación o la Plaza de la Salud, donde la iglesia y ciertas personalidades juegan un papel fundamental en la administración y cuidado de las infraestructuras.
Tampoco ha jugado el Estado un papel importante en la sanción de los Centros que no cuidan su instalación, o en el manejo del inventario, recuérdese el robo de materiales educativos de dos funcionarias para la creación de su prescolar, o de los pupitres y escritorios, durante administraciones pasadas; y recuérdese el descuido de algunos directores de sus planteles, donde reina la esterilidad (ni una planta, ni una flor, ni un conuquito) ambiental con su consecuente desanimo.
Sé que el sector privado se escuda en la corrupción del sector estatal, para no apoyar las infraestructuras estatales que benefician a la comunidad de donde es originario. Sé que muchos se preguntan qué hace el Diputado local, el Edil, los Regidores, con su jugosísimo salario, para apoyar el mantenimiento de la infraestructura, o la contratación de los funcionarios faltantes, pero en este diálogo de sordos la única que sale perjudicada es la población, la cual se limita generalmente a hacer lo que está haciendo Azua, reclamarle al Estado.
En este reportaje, el único héroe ha sido el plomero, que se ha convertido de modo voluntario en el guachimán, o guardián, del Centro Cultural Héctor J. Díaz, impidiendo que desvalijen el lugar.
