Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, dijo recientemente estar de acuerdo con una Junta Central Electoral con jueces imparciales. Se colige que su anuncio goza de la anuencia del presidente Danilo Medina, pero se trata de una pose bien pensada y carente de sinceridad del jefe de Estado.
Es que si el primer mandatario y nuevo dueño del PLD hubiera optado por una JCE con verdaderos árbitros, de forma humilde se reuniría con las doce organizaciones de oposición para la escogencia por consenso de los cinco titulares y sus respectivos suplentes del órgano electoral. No se reunió ni se reunirá, evade el tema e ignora a las entidades opositoras.
Mientras el jefe de Estado “aboga” por jueces imparciales, aunque lo hizo a través del ministro de la Presidencia, los integrantes de la JCE ya están pre-seleccionados. Se dice que se quedarían dos miembros de la desacreditada junta y que el nuevo presidente, aunque no tiene trayectoria de inmoral (antiguo reformista), conservador y actualmente ocupa una posición en una de esas cortes que para nada sirven.
Ese nuevo presidente posiblemente no se preste para la comisión de fechorías —propias del entramado mafioso que prevalece hoy en la JCE–, pero junto a él estarían otros cuya atribución sería el trabajo sucio a favor del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, por lo que a fin de cuentas no habría ningún cambio favorable a la institucionalidad de ese vital órgano del sistema democrático.
De todos modos, la salida de Roberto Rosario podría ser interpretada como un triunfo por segmentos de la oposición, tratándose de un simple ejercicio de entretenimiento con miras al montaje de otra farsa en el 2020. (El oficialismo ha demostrado que teme como el “diablo a la cruz” a árbitros imparciales).
Y toman como pretexto un supuesto apego a la Constitución, expresando la atribución exclusiva del Senado en la designación de la JCE y observando que en la Constitución no se habla de consenso. Es cierto. Pero esos senadores olvidan que la Constitución condena legislar para provecho propio, que la protesta está establecida en la carta magna y la población no está en la obligación de aceptar otra JCE igual.
