Otra vez desde el extranjero nos informan y comunican lo que el gobierno del presidente Danilo Medina sabe, pero no lo quiere informar: República Dominicana ocupa el tercer puesto entre los países que fueron sobornados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener jugosos contratos de obras públicas. Es una vergüenza nacional que desnuda cómo la corrupción y la impunidad han hecho metástasis en las instituciones, con la complicidad del partido oficial.
En Brasil, donde la corrupción ha permeado todo el sistema, la justicia se ha blindado, y en un acto de valentía ha descubierto la trama corrupta más perversa hecha por una empresa multinacional con efecto en decenas de países, incluidos el nuestro. Igualmente, Estados Unidos, en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), develó todo el esquema de corrupción, comparable solo con los narcos.
Odebrecht compró un banco para convertirlo en un departamento internacional de sobornos, y estableció estructuras corporativas en paraísos fiscales, con cuatro capas, para no ser descubierta, y así operó por más de una década, pero las autoridades brasileñas y americanas la detectaron, gracias en parte al sistema de delaciones y compensaciones.
Lo grave de todo este esquema de corrupción es cómo Odebrecht intentó y logró cooptar la democracia, a través de estos sobornos a funcionarios, candidatos y políticos. En el caso dominicano, es muy evidente y profunda la documentación de todos estos contratos de obras públicas, siendo el último el de Punta Catalina, que es el barril sin fondo de este gobierno. Incluso, uno de los delatores, que dirigía el “departamento de sobornos” mencionó nombres de dominicanos que eran los intermediarios en estas operaciones.
El objetivo de Odebrecht con estos sobornos era garantizar la impunidad por los funcionarios, candidatos y políticos sobornados. Hasta el momento, el presidente Medina ha guardado silencio. Es hora de demostrar su voluntad política. De inmediato, el gobierno debe revocar todos los contratos otorgados a Odebrecht, exigir la devolución del dinero pagado por el pueblo dominicano, y hacer nuevas licitaciones, y además, impedir que esta empresa participe en futuras licitaciones.
De igual manera, investigar y sancionar a todos los implicados en este penoso esquema de corrupción, al margen de banderías políticas. Solo así, con acciones, veremos si hay voluntad política para combatirla. No con simulaciones, sino con realidades. Recuperar la democracia cooptada es el reto. Lo lograremos.
