CARACAS, VENEZUELA, (AP).- Un joven murió el viernes de un disparo de arma de fuego en el suroeste de Venezuela y se elevaron a ocho los fallecidos en menos de una semana en la que recrudecieron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta nuevas presiones tras las sanciones del Departamento del Tesoro a ocho jueces del Tribunal Supremo.
Daniel Rodríguez, de 18 años, murió en un centro de salud al que había ingresado cerca de la medianoche del jueves herido en la cabeza durante una reunión de vecinos de la localidad de Santa Ana del Táchira, en el estado de Táchira, que fue atacada por un motorizado armado, indicó a The Associated Press la alcaldesa de esa población, Virginia Vivas.
Entre el lunes y el viernes cinco personas fallecieron en ese estado, una en el estado de Barinas, otra en la localidad de San Antonio a las afueras de Caracas y otra en la ciudad de Maracaibo.
Ante el recrudecimiento de las protestas y los saqueos a decenas de comercios, el gobierno envió 2.600 militares a la zona, estado fronterizo con Colombia, pero las manifestaciones no han cesado ni se ha logrado contener la acción de motorizados armados en las calles, denunciaron autoridades estatales y dirigentes empresariales.
En la madrugada del viernes en la localidad suroccidental de Tovar, en el estado de Mérida, se registraron violentos disturbios callejeros que culminaron en enfrentamientos entre los habitantes de esa población y las fuerzas de seguridad que dejaron varias decenas de heridos, entre ellos algunos guardias nacionales, reportaron medios locales. Algunos de los manifestantes atacaron e incendiaron la entrada del comando de la Guardia Nacional de esa localidad, la tercera instalación militar atacada en lo que va de esta semana.
Durante las siete semanas de protestas contra el gobierno de Maduro han fallecido más de 40 personas; casi 1.000 han resultado heridas y varios centenares han sido detenidas.
Las manifestaciones comenzaron a fines de marzo a raíz de dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los diputados, que luego revirtió.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó la víspera al presidente del máximo tribunal venezolano, Maikel Moreno, y a los siete magistrados de la Sala Constitucional que fueron responsabilizados de usurpar con sus sentencias la autoridad del Congreso.
A través de un comunicado de la cancillería el gobierno venezolano rechazó las declaraciones que ofreció Trump la víspera y lo acusó de cometer agresiones que han “sobrepasado todos los límites” y de alentar un “injerencismo grosero” en el país sudamericano.
Caracas exigió al gobierno estadounidense que cese el “financiamiento ilegal” de factores opositores a los que acusó de recurrir a la violencia y el “terrorismo” para derrocar al presidente Maduro.
La sanción, la segunda que toma la administración de Donald Trump contra funcionarios venezolanos, contempla el congelamiento de los bienes en Estados Unidos de los ocho magistrados. En febrero el Departamento de Tesoro había sancionado al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami por narcotráfico.
Moreno señaló a Washington de tratar de “coaccionar” a los jueces del Tribunal Supremo al aplicar acciones que sostuvo que “no cumplen” los requisitos de los tratados internacionales y dijo el viernes a la prensa que la sanción no será trascendente. “Los propósitos imperiales movidos por intereses oscuros pretenden mellar la independencia del Poder Judicial para tomar control de la administración de justicia”, dijo el magistrado en declaraciones difundidas por el canal de noticias Globovisión.
Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez señaló en una visita a la isla caribeña de Barbados, que Caracas no reconoce “medidas unilaterales extraterritoriales” y adelantó que tomarán acciones diplomáticas siguiendo instrucciones de Maduro, pero no ofreció más detalles.
