Una de las principales lecciones del liderazgo político dominicano se produjo en 1994, luego del fraude electoral, cuando José Francisco Peña Gómez , Juan Bosch y Joaquín Balaguer, depusieron sus diferencias, y firmaron el Pacto por la Democracia. Al margen de las diferencias que todavía hoy existen sobre variaciones de último minuto que tuvo la versión final del documento, hay un hecho incontestable: El liderazgo político se puso de acuerdo en seleccionar los integrantes del órgano electoral que organizaría las elecciones para 1996.
Alguien podría decir que ya ese tipo de liderazgo no existe en la actual política nacional, y que repetir esa hazaña es impensable, pero aunque respeto esa forma de pensar, no la comparto. La realidad es que el liderazgo actual entró en una transición que todavía no incluye, pero eso no significa que quienes hoy representan el gobierno y la oposición no tengan la capacidad, la madurez y la sensatez para emular el ejemplo de Peña, Bosch y Balaguer en 1994.
El Pacto por la Democracia tuvo logros positivos, entre ellos, el que, por primera vez, se rompió con el reparto de posiciones para la integración de la Junta Central, y en su lugar, se escogió mediante consenso a cinco integrantes, que no estaban vinculados activamente a partidos políticos. Fue electo el Dr. César Estrella Sadhalá como presidente, para el período 1994-1997. Nadie cuestiona la organización y la transparencia de las elecciones presidenciales de 1996, en sus dos vueltas.
Lamentablemente, la clase política (rojos, blancos y morados) violentó el criterio de independencia e imparcialidad de los integrantes de la Junta Central Electoral, cuando a partir de 1998 se retornó a la repartición de cargos en atención a mayorías partidarias. Un craso error que le ha costado un precio muy alto a la democracia dominicana, hoy secuestrada por un solo partido.
Retomar la esencia del Pacto de la Democracia de 1994 es el camino que debemos recorrer hoy, para superar las debilidades e irregularidades del proceso electoral pasado, comprobadas por informes internacionales. No se trata de aplicar mayorías, de lo que se trata es de tener órganos electorales legítimos y revestidos de credibilidad. Esto incluye las Altas Cortes, especialmente el Tribunal Superior Electoral, cuyo mandato también venció.
