Desde hace más de un lustro, venimos enfocando y analizando la inmigración ilegal de haitianos a nuestro territorio, puntualizando el gran problema de las parturientas del país vecino, que vienen a los hospitales públicos, sin ningún costo, significando una carga para el presupuesto de Salud Pública, que no alcanza para aliviar ni sanar las enfermedades de los dominicanos. Las autoridades aseguran que cada parto de una haitiana tiene un costo de 30 mil pesos En un hospital de Jimaní, de cada 11 mujeres que alumbran nueve son indocumentadas.
La mayoría de las camas de los centros de salud son ocupadas por ilegales, negándoles el espacio a nuestros ciudadanos que ameritan ser ingresados, dada la gravedad de su padecimiento. Y lo peor de todo, que por más voces sensatas que denuncian la dimensión de la gravedad del flujo masivo de habitantes de Haití hacia nuestro territorio, hay un silencio inexplicable del Estado, frente a una situación que está socavando nuestra economía y soberanía.
Ahora los funcionarios de mayor relevancia de este Gobierno, tratan de buscar una solución, mediante la creación de un protocolo para cobrar a las haitianas por cada parto, como una manera de parar el cruce de parturientas. Entendemos que esa es una medida que devendría en frustratoria, puesto que estaría legalizando la entrada ilegal de personas que no tienen visa ni documentos que justifique su permanencia en nuestro suelo.
Además, las haitianas vienen a dar a luz con el propósito de quedarse y procurar declarar a sus hijos como dominicanos, utilizando una mafia que tiene un entramado que se inicia en Haití,para venir en tours que pagan entre 10 y 15 mil pesos para lograr su propósito, pues en los alrededores de los establecimientos de salud, hay individuos diligenciando que las declaraciones de los nacimientos sean alteradas, a los fines de que los niños aparezcan que son hijos de madres dominicanas y puedan tener actas en las oficialías del Estado Civil, y gozar de sus derechos civiles políticos.
Buscan actas de defunciones de niños dominicanos para trasplantar identidades y realizar declaraciones tardías en favor de infantes ilegales, dotándolos de esa manera de nacionalidad dominicana. El presidente de la JCE ha planteado la necesidad de poner fin a lo que llamó paritorio haitiano.
