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Partidos opuestos a que los excluyan de alianzas

Partidos opuestos a que   los excluyan  de alianzas

El Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom), que integran 23 organizaciones reconocidas por la Junta Central Electoral (JCE), pidió hoy al Congreso excluir de las iniciativas legislativas la que obliga a las fuerzas recién reconocidas a concurrir sin alianzas a los procesos electorales.

Los dirigentes políticos entienden que la ley no puede impedir alianzas de partidos minoritarios en los procesos electorales, porque ese es un derecho de los movimientos independientes.

En una rueda de prensa, Federico Antún Batlle, Rafael Gamundi Cordero, Elías Wessin Chávez, entre otros, anunciaron también el desacuerdo con las primarias simultáneas de todos los partidos para escoger los candidatos de sus respectivas organizaciones y que se respeten los estatutos de cada partido de acuerdo a sus lineamientos.

En el encuentro con la prensa se dio a conocer un informe de propuestas consensuadas a la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, depositadas a la comisión bicameral que estudia las piezas.

Fopppredom también presentó los asuntos que deben ser modificados en las iniciativas legislativas antes de someterlas a ambas cámaras, donde describen o consideran a control de los estatutos de los partidos y agrupaciones políticas, como la forma de elección de sus autoridades y candidatos a cargos electivos, el tema de las alianzas.

“Los partidos políticos agrupados en Fopppredom consideran que es necesario ampliar el contenido, de precisar técnicamente los puntos más necesarios, ver las propuestas, consultar a todos los sectores para que se cree una ley que beneficie a toda la sociedad”, señala el documento entregado.

Entre los puntos de consenso presentados por Fopppredom están la exención tributaria, tasas y franquicias postales a los partidos, regulación económica y propagandística a los movimientos y organizaciones de apoyo a los partidos y candidatos, creación de una comisión de vigilancia y control de los programas sociales solventados con fondos públicos.