Ha transcurrido un mes de las elecciones del Presidente, legisladores y autoridades municipales de todo el país, para el cuatrienio 2016-2020. Resultaron exitosas con las virtudes de una adecuada aplicación en el plano presidencial, dejando sombras lamentables en el municipal y en el congresual.
Abundan las denuncias de fraudes y acusaciones de “manejos impropios” en la fase posterior del escrutinio. Sin embargo, carecen de visión quienes quedan empantanados en este tramo del proceso, con sus detalles.
El escenario parece reclamar la desaparición completa, absoluta, de las autoridades electorales, desde las superiores hasta los miembros de todas las juntas provinciales y municipales, sin excepción. Es la solución más sencilla, pero sin duda la más equivocada. Reclamo, puro y simple, al que suele apegarse la clase política, lo cual está muy lejos de ser la respuesta justa. Los sistemas electorales y las instituciones que los componen son más que enunciados normativos. Representan formulaciones que expresan realidades sociopolíticas y culturales del medio en que actúan.
De ahí que cualquier tratamiento al tema, con la aprobación de una ley de partido y electoral, se convierta en la antesala de una inminente reforma electoral. Hay que tener en cuenta que el andamiaje institucional de la política no se constriñe a lo electoral y que el fortalecimiento democrático de las instituciones exige acciones en diversos campos y niveles.
La reforma electoral que comienza con una ley de partidos debe partir de reflexiones sinceras y un diagnóstico detallado, a la vez integral. La gobernabilidad, en nuestro país y el cualquier otro, no depende del manejo antojadizo de candidatos perdedores –fuera de control-, que siempre los habrá. Esto no pasa de ahí. Más bien, aleja a los ciudadanos de manejos torpes como estos en los que se echa de menos la capacidad y el sentido político que se supone a un dirigente o aspirante, del nivel que sea. Invertir un proceso es subvertirlo.
Las insuficiencias democráticas no deben orientarse a sustraer y desacreditar la organización y el resultado de los comicios, sino a convertir el espacio electoral en el eje de un plan democrático más amplio y adecuado. De ahí que resulte sensato y pertinente proponer una clara y precisa interacción en los ámbitos en que se dan las confrontaciones. El pasado proceso, con sus tropiezos técnicos, sigue siendo perfectible, más bien, mejorable, como todo lo que se da por primera vez en un orden institucional en construcción.
La Junta Central Electoral, JCE, como organismo rector y organizador de los procesos comiciales, está comprometida con el perfeccionamiento del sistema político y ser vigilante de los sectores que intervienen y forman el cuerpo electoral. La política es su materia prima, y el bienestar de los dominicanos el producto final. Junta y partidos solidifican y articulan este cuerpo.
