BOGOTÁ, (AFP) – La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, afirmó que los acuerdos de paz en Colombia no deben impedir que militares y guerrilleros implicados en crímenes de guerra respondan ante la justicia.

“Aunque reconocemos los esfuerzos que se han hecho por la paz, queremos ver que se haga justicia, especialmente para los crímenes más graves que se han cometido y aquellos responsables de estos crímenes”, declaró la fiscal gambiana en una rueda de prensa, al concluir una visita de tres días a Colombia.

Bensouda dijo que compartió su “preocupación” con las autoridades colombianas respecto al juzgamiento de acciones como el desplazamiento forzado, y el asesinato de civiles desarmados que después eran presentados por los militares como guerrilleros caídos en combate.

Sobre este asunto en particular, agregó que le preocupa que en estos casos no se juzgue a los responsables en la cadena de mando militar.

El llamado escándalo de los “falsos positivos”, como se conoce en Colombia, ya había llamado la atención de la CPI, que desde 2012 viene alertando sobre el riesgo de que estos asesinatos queden en la impunidad.

En ese momento, “la respuesta estatal frente a los casos de falsos positivos era manifiestamente inadecuada”, señaló el argentino Fabricio Guariglia, director de la división de enjuiciamiento de la CPI, quien acompañó a Bensouda en la rueda de prensa.

Sin embargo, el tribunal ha observado progresos en las investigaciones que han permitido llegar hasta “los mandos intermedios de la cadena de mando”, añadió Guariglia.

El gobierno colombiano informó a la CPI que “se han dictado 1.242 sentencias condenatorias por ‘falsos positivos'”, según el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Entre 2006 y 2008 se registraron en Colombia por los menos 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales, denunció la entidad humanitaria Human Rights Watch.

La fiscal de la CPI visitó Colombia en momentos en que se implementa el acuerdo de paz que permitió el desarme y transformación en partido político de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pacto prevé que los guerrilleros y agentes del Estado puedan tener penas alternativas de reclusión si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

“Sé que el proceso que Colombia está desarrollando es innovador, pero al mismo tiempo es muy complejo y ambicioso. De ese modo, varias preguntas y desafíos siguen siendo planteados, pero lo que estamos haciendo es seguir lo que está ocurriendo tan de cerca como es posible”, concluyó la fiscal Bensouda.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma que desde 2002 le permite a la CPI intervenir en caso de que la justicia local no juzgue crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra.