Pedirán ante TSA nulidad ampliación Plan Nacional de Regularización



El exjuez Juan Miguel Castillo Pantaleón advirtió este miércoles que recurrirán por ante el Tribunal Superior Administrativo la resolución emitida ayer por el Consejo Nacional de Migración que amplía el plazo del Plan Nacional de Regularización.

Asimismo, reveló que un grupo de ciudadanos someterá a la justicia al ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, por violación a la Ley de Migración, la Constitución y la ley penal.
Castillo Pantaleón calificó como inconstitucional la ampliación del plazo del Plan Nacional de Regularización, por lo que pedirán su nulidad.

“La ampliación del vencimiento de los carnés dentro del Plan Nacional de Regularización por una simple resolución administrativa por el Consejo Nacional de Migración es una acto que adolece de absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad”, dijo.
En tal sentido indicó que la ley general de Migración estableció que solamente podía haber un plan de regularización, no más de uno, que el proceso de regularización debía ser individual o por familia, nunca colectivo.
Igualmente señaló que los documentos fueron expedidos o entregados sin control, y “eso ha generado una falsificación y clonación masiva de más de un cuarto de millón de los documentos”.

Castillo Pantaleón recordó que el propio decreto 327-13 que estableció el Plan Nacional de Regularización estableció un plazo de 18 meses que está vencido y que el único otro plazo previsto en el mismo decreto es el de los 45 días, para que el Ministerio de Interior lo otorgara a cada aplicación sometida durante el Plan.
Y ese segundo plazo también venció hace dos años, acotó.

El exjuez de la Instrucción dijo que al Consejo Nacional de Migración disponer de forma ajena al decreto, en contravención a la Ley y a una materia reservada a la Constitución de la República, expresamente al Congreso Nacional el Consejo de Migración en la persona de su presidente, el ministro de Interior ha violado de manera consciente y deliberada la Constitución y las leyes.

Sostuvo que existe una disfuncionalidad crónica en la instituciones del Estado que coloca a República Dominicana como un Estado casi fallido porque no tiene control de su territorio ni de la población que entra y sale del territorio.

Aseguró que en el país hay millones de indocumentados los cuales fueron dotados de documentos que han falsificado entre ellos. Dijo que haciendo una media de 12 copias por cada carné emitido, potencialmente hay más de 3 millones de carnés falsos.

Además deploró que en el país existe la ausencia de complimiento del marco legal por lo que el sistema jurídico no tiene vigencia plena y las instituciones no cumplen con sus funciones.

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