Las operaciones de desguace de barcos en las márgenes de los ríos Ozama e Isabela se mantienen, mientras la contaminación amenaza la vida de esos recursos naturales.
Las metaleras que operan en las márgenes de los ríos Ozama e Isabela parecen haberle doblado el brazo al Ministerio de Medio Ambiente, las cuales esta mañana seguían lanzando metales y otros químicos a esas aguas que ya no aguantan más contaminación.
En un recorrido El Nacional se percató de que ninguna autoridad gubernamental se encontraba en el lugar haciendo cumplir la resolución 13-2016 que manda a las empresas desguazadoras y reparadoras de barcos a abandonar los ríos.
Seis días después de cumplirse el plazo para la aplicación de la resolución, Medio Ambiente asegura que tiene un cronograma de trabajo para hacerla cumplir, pero nadie lo conoce.
Tampoco ha dado a conocer las medidas que aplicará para evitar que más de 200 empresas sigan contaminando ambos ríos, vertiendo allí sus desechos industriales y comerciales.
El artículo 3 de la resolución indica que “se prohíbe que, a partir del primero de enero del 2017, se realicen actividades y procesos de desguace de embarcaciones en los ríos Ozama e Isabela”.
También, prohíbe el reciclaje de metales o de cualquier tipo.
El Nacional verificó que la empresa Metales Antillanos, que interpuso un recurso de amparo contra la resolución 13-2016, tenía a media mañana hombres trabajando en sus barcos.
El movimiento de trabajadores los barcos y el martilleo en el lugar era evidente en la margen del río Isabela, donde se observó la presencia de cinco embarcaciones.
El raro color y el olor nauseabuendo de las aguas de ese río indican el alto grado de contaminación a que es sometido.
Las aguas casi ni se mueven.
Asimismo, las aguas del río Ozama parecen un lodo, lo que causa serios problemas de salud a los habitantes de los barrios colindantes.
Ayer, decenas de organizaciones comunitarias y ambientales del Gran Santo Domingo exigieron a Medio Ambiente hacer cumplir la resolución en cuestión y no dar más prórrogas a las metaleras para abandonar el lugar.
Expresaron que, por ejemplo, desde el 2011, las autoridades están otorgando plazo a la empresa Metales Antillanos, para que abandone el río y hoy aún continúa con los desguaces.
