Lima, (EFE).- El Consejo de Ministros de Perú aprobó este miércoles un proyecto de ley de reforma electoral y de partidos políticos que busca evitar la participación de candidatos corruptos y el uso de dinero ilícito en las campañas, con miras a las elecciones municipales y regionales de 2018.
En rueda de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, declaró que el proyecto tiene propuestas para “reducir al mínimo las posibilidades de que tengamos más autoridades corruptas y que se filtre dinero ilícito a las campañas”. “La corrupción ha penetrado en todos los niveles del Gobierno, esta es una dura realidad que debemos afrontar con firmeza”, agregó Zavala.
De acuerdo con información de la Corte Suprema de Justicia, en 2015 hubo 13.307 condenas por delitos de corrupción contra representantes de la administración pública.
Perú ha sido sacudido este año por las denuncias de presunta corrupción contra los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) por supuestamente haber recibido sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, pagos que se extendieron a otros funcionarios entre 2005 y 2014, de acuerdo con los testimonios de la empresa a las autoridades judiciales de Estados Unidos.
El primer ministro afirmó que “tenemos que ordenar la casa y limpiarla para construir un nuevo país, por eso el Gobierno ha dado una serie de medidas para acabar con este mal, pero sabemos que no es suficiente, necesitamos ir más allá”.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó que la norma propone la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fiscalizar el eventual ingreso de dinero ilegal en las campañas, pues los partidos estarán obligados a reportar las operaciones sospechosas.
“Hemos considerado que desde que un ciudadano decide ser candidato a elecciones internas de un partido, autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a acceder a su secreto bancario, tributario y bursátil”, dijo la ministra. Asimismo, se impedirá la candidatura de personas condenadas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, violación, secuestro, delitos contra la humanidad y otros.
“Se está prohibiendo también los aportes de Gobiernos extranjeros y de ciudadanos y personas jurídicas condenadas por delitos graves”, indicó Pérez Tello. El incumplimiento de estos requisitos generará el retiro del proceso, la suspensión y cancelación del registro de partidos. A su turno, Zavala remarcó que es “indispensable que el Congreso discuta y apruebe la reforma electoral en esta legislatura para poder llegar al año 2018 para saber que elegiremos autoridades limpias”.
En los comicios regionales y municipales se elegirán a unas 13.000 autoridades en el país, entre alcaldes, concejales, y gobernadores regionales. La iniciativa del Gobierno incluye las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la asociación civil Transparencia y de la comisión del Parlamento que analiza la reforma electoral.
