El doctor Diego Babado Torres, ex presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana realizó este lunes un llamado a la Superintendencia de Bancos para que ponga freno a los abusos y estafas que contra usuarios de los servicios de bancos de ahorro y crédito y financieras vienen cometiendo diversas entidades de ese segmento de intermediación financiera.
El jurista citó el caso de uno de una persona, cliente de una de esas entidades a quien se le venció sólo una cuota de las que mensualmente paga a la entidad y por ese atraso, de varios días, le fue incautado su vehículo, que era la garantía del préstamo.
Citó que cuando esa persona fue a saldar la deuda se encontró que la misma se había elevado hasta los 43 mil pesos.
Dijo que sólo por una simple notificación a través de acta de alguacil, a esa persona se le cobró 12 mil 500 pesos, con el agravante de que de ese hecho han pasado varios días y a esa persona aún no se le devuelve su vehículo.
Torres indicó que existen cientos de denuncias contra esa práctica realizada en contra de los usuarios de esa modalidad de crédito, que las autoridades de la Superintendencia de Bancos aplique sanciones contra esas entidades.
Dijo que una modalidad de la estafa es ofrecer “créditos fácil, en minutos” dejando los vehículos en garantía.
Pero viene a resultar que el documento que firma el solicitante del crédito es en realidad un acto de venta de su vehículo y cuando salta la deuda, el documento que firma es a su vez un acto de compra de su propio vehículo.
Torres precisó no entender la pasividad exhibida por la Superintendencia de Bancos frente a este problema que afecta a cientos de usuarios del crédito.
Ante la pasividad de la Superintendencia de Bancos, hace casi un año, el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) elevó una acción directa en inconstitucionalidad en contra de la ley 483 sobre Venta Condicional de Bienes Muebles, por violación a los derechos constitucionales de los consumidores.
La impugnación fue formulada por la directora de la entidad, Altagracia Paulino, a través de sus abogados, Yvelia Batista Tatis, Joaquín Zapata Martínez, Félix Pujols Jerez y David La Hoz.
Solicita al Tribunal Constitucional (TC) declarar nuloel artículo 11 de la ley por violación a los artículos 39, 53 y 69 de la Constitución.
Asimismo, que en virtud de que los consumidores tienen derecho a acceder a la justicia y a ser tratados con igualdad ante la ley frente a todas las demás legislaciones que respetan el derecho de que el demandado sea procesado en la jurisdicción de su domicilio, sea obligatoria la ejecución forzosa en el domicilio del demandado o consumidor.
Asimismo, la disposición 13 de la norma, que ordena la realización obligatoria del ajuste de cuentas para todos los contratos realizados con consumidores.
Pro Consumidor alega que el artículo 17 de la ley 483, en su parte in fine, viola el artículo 53 de la Carta Magna, por lo que pide al TC disponer que los contratos realizados con consumidores dentro del régimen de venta condicional sean sometidos a los requisitos de información contenidos en las disposiciones de la Ley. 358-05 en sus artículos 49, 81, 83 y 53. Asimismo, declarar retroactivos los efectos de la sentencia.
Pro Consumidor planteó que para la fecha 180 personas habían acudido a interponer reclamaciones que se encuentran contra diversas instituciones financieras que habían contratado con ellos bajo las regulaciones de la ley 483 sobre Venta Condicional de Bienes Muebles.
Según sus argumentos, al amparo de esta ley se desprenden situaciones injustas, en las que se evidencian violaciones a derechos constitucionales, abuso de derecho y malas prácticas comerciales, especialmente en el financiamiento de vehículos de motor.
