El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, propuso hoy la anulación de la resolución 03-2017 de la Junta Central Electoral (JCE), que dispone la imposición de apellidos a los niños desamparados y aconsejó que ese organismo elabore un proyecto de ley que imprima legalidad a esa medida.
Taveras, secretario general del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), advirtió sobre el peligro que implica para República Dominicana que las madres haitianos aumenten sus alumbramientos en su territorio y las autoridades de la JCE legalicen esos niños y les otorguen apellidos.
“Se trata de una medida imprudente dado que la abrumadora mayoría de niños abandonados, especialmente en los hospitales, son haitianos”, dijo en declaraciones a través de la vía telefónica.
Insistió en que “esto implicará un llamado al incremento del paritorio que que denunciara el propio presidente de la JCE”.
“Van a aumentar los paritorios de haitianos”, ratificó.
Precisó que la JCE tiene que tomar muy en cuenta “la situación especial de República Dominicana con relación a la población haitiana”.
Empero, afirmó que no se opone a que esa medida se implemente mediante una ley que sea discutida por todos los sectores nacionales.
“Tiene que ser una ley. Que se discuta una ley al respecto”, insistió el dirigente político, tras insistir sobre la supuesta vulnerabilidad del territorio dominicano con relación a los haitianos.
“Lo primero es anular esa resolución porque es ilegal”, dijo el excongresista, tras argumentar que el documento viola los artículos 28, 24 y 46 de la Ley 659 de 1944, sobre ese aspecto.
Expresó que los artículos 24 y 46 de esa legislación “no incluyen entre sus indicaciones para actas de nacimiento la inclusión de otro tipo de apellidos que no sean los de los padres”.
Agregó que “la única obligación legal del Estado es de dotarlos de un nombre”.
Negó que la JCE esté obligada a poner apellidos a niños desamparados.
“A pesar de la facultad reglamentaria de que goza, a la JCE le está vedado legalmente ser proveedora de apellidos virtuales”, insistió el exfuncionario estatal.
“La medida es discriminatoria, por implicar un número reducido de apellidos, cuando, si van a ser, debieran ser todos”.
