El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) exigió hoy al Gobierno investigar y aclarar cómo funcionó en el país la organización a través de la cual se pagaron sobornos a políticos y legisladores dominicanos para facilitar la adjudicación de obras a la empresa brasileña Odebrecht.
En ese sentido, el director ejecutivo de la entidad, Carlos Pimentel, quien fue entrevistado en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, consideró que al pueblo se le debe explicar todo lo relativo “a esa estructura delictiva que funcionó en el país durante 17 años”.
“El país tiene derecho a saber cómo funcionó esa estructura delictiva y no concentrarse solo en siete personas”, dijo Pimentel, quien estuvo acompañado del jurista Luis Rivas.
Ambos criticaron el manejo que ha dado la Procuraduría General de la República al caso, al no investigar a personas relacionadas con el mismo ni a posibles cómplices, como las empresas que, según el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, sirvieron de intermediarias para las transacciones que se realizaron.
Lamentó que la Procuraduría solo incluyera en el expediente a siete implicados, dejando fuera a personas que confesaron haber recibido dinero de parte de dicha empresa, durante la pasada campaña electoral.
El pasado jueves, el procurador general presentó querella formal contra Ángel Rondón, representante de Odebrecht en el país; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, el exsenador opositor Andrés Bautista, el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez, el senador oficialista Tommy Galán y el exsenador Jesús Antonio Vásquez (Chu).
Mientras que entre los que dejó fuera del expediente figuran el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Alfredo Pacheco, al dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Radhamés Segura, y al dirigente del PRM César Sánchez.
También excluyó del caso al exministro de economía Temístocles Montás, quien admitió haber recibido dinero para ser usado en el pasado proceso electoral.
De acuerdo a confesiones de la empresa brasileña ante autoridades estadounidenses, ésta distribuyó 92 millones de dólares en República Dominicana, entre funcionarios, legisladores y políticos, para que éstos le facilitaran la adjudicación de importantes proyectos de infraestructura.
El caso de sobornos no solo ocurrió en el país, sino en otras naciones latinoamericanas, donde se han producido detenciones, destituciones de funcionarios, e incluso, condena contra un vicepresidente.
Diferentes sectores de la sociedad dominicana han restado credibilidad a las acciones que lleva acabo la Procuraduría contra los supuestos implicados en los casos de sobornos.
