La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que no sea festinado, como ocurrió en el Senado, el proyecto que modifica la Ley 147-00, que prohíbe la importación de automóviles ligeros de más de cinco años de antigüedad.
El licenciado Enrique Fernández, presidente ejecutivo de ACOFAVE, dijo que festinar un tema tan delicado debe preocupar a todos los ciudadanos de la República Dominicana, por dicho estilo de ejercer la función legislativa, utilizando el mecanismo de declaración de urgencia para un tema que no lo tiene, y que afecta la salud y economía de muchos sectores de la población.
En una carta dirigida a Abel Martínez Durán, presidente de la Cámara de Diputados, Acofave le exhortó a que llame a vistas públicas para conocer el referido proyecto de Ley que extiende a siete años dicho plazo, ya que el 9 de abril el Senado lo declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas aun sin convocar a vistas públicas.
Resaltó que tampoco el Senado recibió a representantes de los diversos sectores, en lo que la prensa escrita ha calificado como el cumplimiento de una promesa de campaña de un pre-candidato a la Presidencia de la República.
La entidad empresarial sugirió a la Cámara de Diputados tomar en consideración, al ponderar dicha iniciativa legislativa, a instituciones estatales que inciden en el sector, como las de protección al consumidor, medio ambiente y cambio climático, y a las entidades recaudadoras que sostienen el Presupuesto Nacional.
También propuso que sean escuchadas las ONG del sector de medio ambiente. Acofave ha insistido en que si a las cámaras legislativas le interesa que sea más asequible un carro de bajos ingresos a los dominicanos, deben proponer una pieza para bajar los impuestos a los automóviles utilitarios de poco consumo.
También ha explicado que incentivar la adquisición de unidades obsoletas y destartaladas provocan más mal que bien, y se constituyen en una especie de píldora envenenada. Sostiene, además, que la citada iniciativa viola el artículo 66 de la Constitución, que establece el derecho colectivo a la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.
