Las autoridades deben aplicar sanciones drásticas contra quienes se dedican a importar y comercializar leche en polvo a granel no apta para el consumo, afirmaron hoy los presidentes de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, y Nacional de Ganaderos, Marcelino Vargas.
Los dirigentes ganaderos hicieron la petición a funcionarios de Salud Pública y de Agricultura durante una reunión en San Francisco de Macorís.
Consideraron que se debe proceder en lo inmediato al decomiso de todo el producto almacenado y en poder de comerciantes que lo venden en funditas plásticas al detalle.
En iguales términos se pronunciaron el presidente de Asociación Nacional de Hacendados y Agricultores, Ulises De Veras, así como Pablo Contreras, dirigente de la Asociación de Ganaderos del Este, quienes entienden, además, que se debe penalizar a las personas que hayan continuado con dicho comercio ilegal.
Rivero, Vargas , De Vera y Contreras, insistieron en la necesidad de que Pro Consumidor, Salud Públicas e Industria y Comercio, así como la Dirección General de Aduanas actúen por tratarse de una práctica que atenta contra la salud de la población.
Opinan que los comerciantes e importadores que se dedican a esta práctica deben ser sometidos a la justicia.
Valoraron la labor que en este sentido realiza la directora ejecutiva de Pro Consumidor, Anina del Castillo, que ha realizado decomisos de lotes de esa leche en polvo.
Añaden que la acción debe ser a nivel nacional e incluir los almacenes donde es guardado el producto.
Los cuatro dirigentes del sector ganadero, también se identificaron con la preocupación externada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) que ha advertido sobre el grave riesgo para la salud de la población la venta de dicho componente lácteo que no cumple con los requisitos sanitarios.
Refirieron que los miembros de Aproleche, agradecen el respaldo de los industriales del país.
UN APUNTE
Industriales también exigen
El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Campos de Moya, y su directora ejecutiva, Circe Almánzar, coinciden que esto implica un grave riesgo para la salud, por lo que instan a las autoridades a aplicar los correctivos de lugar. Dijeron que la práctica viola las regulaciones contempladas en la ley de defensa de la competencia.
