El Nacional
Cientos de choferes y residentes en las áreas donde se construirá la segunda línea del Metro de Santo Domingo realizaron un piquete esta mañana en las Oficinas de Planificación para el Reordenamiento del Transporte (Opret), para pedir a las autoridades explicar cuantas personas va a afectar la citada obra.
El Comité del Distrito Nacional de la Red Urbano Popular, el Foro Social Alternativo (FSA) y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) precisan que los residentes en las márgenes de los ríos Ozama e Isabela, y los propietarios de comercios y viviendas localizadas en la avenida Padre Castellanos y zonas aledañas merecen protección de las autoridades.
Víctor Gerónimo, vocero del FSA, pidió a la Opret precisar sobre la construcción de la segunda línea del Metro y las vías perimetrales que bordearán los ríos Ozama e Isabela, ubicadas en la circunscripción tres del Distrito Nacional y cuantas viviendas, comercios, centros educativos serán intervenidas.
Entiende que el desarrollo de la ciudad debe ser integral por lo que proponen se retome la mesa de diálogo integrada por instituciones y organizaciones sociales vinculadas al tema de vivienda, tierra y ordenamiento territorial y vial.
Sugieren diseñar una política habitacional y de ordenamiento del transporte que contribuya al desarrollo de la ciudad y no excluya el derecho que tienen los moradores barriales a vivir en ella.
También aboga por actualizar e implementar el proyecto de mejoramiento de La Ciénaga-Los Guandules (Plan Cigua), y el mismo se extienda a otros barrios.
Entienden que solo se reubiquen las viviendas que están en zona de peligro, como a orillas de ríos, cañadas y farallones, y se haga un censo con la participación de la comunidad, e incluyan las viviendas, uso de suelo y se destaque los valores socio-económicos de la zona.
Plantean que se mejore y reordene la zona con la participación de los pobladores y las organizaciones, y abogan por el derecho que tienen los pobres a vivir dignamente en la ciudad y a disfrutar de los beneficios del Gobierno.
Nos oponemos a vivir en situaciones de riesgo y vulnerabilidad a orillas de cañadas y ríos, y exigimos reubicaciones justas con viviendas dignas y dentro de la cuidad que hemos construido, además pedimos respeto sin atropellos a nuestros derechos, puntualizaron.
