El Nacional
Las principales asociaciones de exportadores del país unieron sus esfuerzos en el reclamo de que las autoridades respondan a los planteamientos externados por ellos, pasando de los discursos a los recursos para lograr superar las trabas burocráticas que han impedido el desarrollo de ese sector.
Las asociaciones empresariales reconocieron también que entre los mismos productores no hay una adecuada conciencia exportadora, aunque indicaron que carecen de los medios para educar a todos los potenciales exportadores sobre cómo realizar negocios y evitar situaciones como la devolución de contenedores con productos nacionales, entre otras razones por su mala calidad.
También estimaron como una ofensa mayúscula decir que el sector de las zonas francas perdió sus potencialidades debido a que se trató de un esquema basado en la mano de obra barata no especializada.
Argumentaron que en el caso de las zonas francas, así como en el resto del sector industrial dominicano, influyeron en su pérdida de competitividad los mismos factores estructurales que hoy día siguen influyendo en forma negativa.
Los directivos de las asociaciones de empresas exportadoras indicaron que entre esos factores de tipo estructural que los afectan figuran el problema eléctrico, la falta de equidad fiscal y la no asimilación por la sociedad de la importancia del turismo y las zonas francas como exportadores netos, además de la falta de acceso al financiamiento, las trabas burocráticas y la existencia de marcos legales que no responden hoy día a la dinámica de los tiempos.
Entre las leyes que no están actualizadas citaron al Código Laboral, la ley que rige las zonas francas y todas las leyes que regulan el sector agrícola, la más joven de las cuales es el código agrario promulgado en 1972.
Los planteamientos fueron externados por el grupo de dirigentes empersariales durante su participación ayer en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio.
En la actividad participaron Haydée Kuret de Rainieri, de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes; Osmar Benítez, de la Junta Agroempresarial Dominicana; Ricardo Koening, de la Asociación Dominicana de Exportadores; Fernando Capellán, de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, y Manuel Diez, de la Asociación de Industrias, quienes estuvieron acompañados de Circe Almanzar, directora ejecutiva de la AIRD, y Manuel Torres, director ejecutivo de Adozona.
El señor Diez refutó en su intervención el planteamiento de que en momentos de crisis, el sector empresarial haya iniciado esa ofensiva con el pedido de que se limite las denominadas cargas sociales que pagan las empresas a favor de sus trabajadores.
Citó que la propuesta de modificación del Código de Trabajo es la última de una serie que ha realizado el sector empresarial y que incluyen el sector eléctrico, política migratoria, educación, salud y seguridad social y en elación a la reforma constitucional.
Indicó que la demanda es simplemente que se cumpla con lo establecido en la Ley de Seguridad Social que impone que a más tardar en un plazo de 18 meses a partir de su entrada en vigencia, se debía aprobar un seguro de desempleo, que modificacaría todo lo relacionado con la cesantía y eventualmente la desplazaría.
Dijo que la ley fue aprobada en el 2000 y aún ese documento no ha sido preparado, y que lo que están demandando las asociaciones empresariales es que se cumpla con lo establecido en la ley de seguridad social.
De la misma forma dijo que el sector empresarial, como solución al problema eléctrico lo único que ha estado demandando es que se cumpla con lo establecido en la Ley General de Electricidad.
Los dirigentes empresariales coincieron en que debe existir una opolítica coherente de parte de las autoridades que no se modifique con cada cambio de administración o de funcionarios, porque resulta que muchas veces cambian a un secretario y viene otro de su propio partido que echa aun lado todo lo realizado por el anterior.
Benítez dijo que la situación de falta de institucionalildad es más compleja y citó que recientemente con el auspicio de las autoridades y la JAD se firmó un acuerdo con una asociación de supermercados de Nueya York, cuyos directivos en su mayor parte son dominicanos o descendientes, y que una delegación de esa entidad vino al país y ni siquiera fue recibida por el secretario de Agricultura.
La señora Kuret de Rainieri se quejó de la falta de equidad de la política fiscalista, que pese a que ha logrado que todos paguemos, lo cual es importante, no está tomando en consideración las acciones que ejecutan otros países, que son competidores nuestros para proteger a sus sectores exportadores.
