La cárcel preventiva de San Pedro de Macorís se ha convertido en un negocio donde se pagan tarifas y peajes para ver a familiares y hasta para pasar alimentos, denunció hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), la cual pidió al procurador general de la República, cerrar de inmediato dicho centro.

El presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, explicó que en dicha cárcel los cobros ilegales están a la orden del día, donde se paga 100 pesos para pararse en la puerta de acceso, $200 para hablar con un familiar, $1,500 para entrar a la preventiva, $600 por estadía semanal, $5,000 semanal por una celda con cama y aire acondicionado, $1,000 para permitir el pase de alimentos, entre otros.

“La solicitud se fundamenta porque comprobamos en visita realizada el pasado miércoles 6 de junio, de una comisión que presidimos junto al vicepresidente por la región este, Rafael Ureña y por presidente de la filial en San Pedro de Macorís, Martín Santana”, precisó Mercedes.

Adujo que en esa visita fue testigo de las violaciones de los derechos humanos de los internos, donde se cometen hechos de ofensa a la dignidad humana de los privados de libertad en esa cárcel.

Señaló que esa cárcel se construyó para albergar 30 presos preventivos y actualmente hay más de 200 en condiciones infrahumanas que deberían estar de tránsito, “pero su permanencia allí es indefinida porque sus presencia alimenta un negocio mafioso de cobros de tarifas”.