Marcelo Hofke, gerente general de la Odebrecht en el país (detrás), a su llegada a la Procuraduría para interrogatorios.
En la lucha contra la corrupción, República Dominicana debería imitar a Guatemala, país donde están en prisión el expresidente Otto Pérez Molina, su exvicepresidenta Roxana Baldetti, y el hijo y un hermano del actual presidente Jimmy Morales.
La sugerencia la hacen los lectores de El Nacional digital que participaron en el sondeo diario de la página web del vespertino.
Ante la pregunta ¿Debe RD imitar a Guatemala en la lucha contra la corrupción?, el 94 por ciento de los lectores respondió que sí y el 6 por ciento restante de manera negativa.
En el país, la Procuraduría General de la República profundiza en las investigaciones sobre el alegado pago de sobornos por 92 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht para lograr la concesión de diversas obras desde 2001 hasta el 2004.
Varios exfuncionarios han sido interrogados sobre los proyectos ejecutados y el empresario Ángel Rondón Rijo, quien admitió haber recibido los 92 millones de dólares, pero como pago por honorarios y servicios prestados a la constructora brasileña, no para sobornar a funcionarios.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció el viernes que acordó con los ejecutivos de Odebrecht en el país devolver el doble de la cantidad desembolsada por los supuestos sobornos, ascendente a 184 millones de dólares, además de prohibir a la empresa participar en nuevos concursos para la ejecución de proyectos de infraestructura.
En Guatemala, al descubrirse acciones de corrupción, mediante un fraude aduanero conocido como “La Línea”, luego de fuertes presiones sociales y políticas renunciaron en agosto del 2015 y están presos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, pendientes de un procesamiento judicial.
También fueron detenidos la semana pasada el hijo del presidente Jimmy Morales, José Manuel Morales, y Samuel (Sammy) Morales, hermano del mandatario, acusados de sobrevaluaciones y contratos falsos en perjuicio del Estado por un monto de 26 millones de dólares.
UN APUNTE:
Injerencia de Brewster
Se preguntó a los lectores si creían injerencista en los asuntos internos de República Dominicana la gestión del renunciante embajador de los Estados Unidos, James W. Brewster. El 58 por ciento consideró que sí y el 48 por ciento estimó que no.
El mandatario manifestó que no obstruirá la justicia y que lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
Cámara de Cuentas
A propósito del tema de la corrupción, se debate en el país la selección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, para la cual aspiran algunos de los actuales integrantes, incluida su presidenta, Licelot Marte de Barrios, quien encabezaría una de las cinco ternas sugeridas al Senado de la República por una comisión de la Cámara de Diputados.
Se preguntó a los lectores si escogerán a personas imparciales para el organismo. El 70 por ciento opinó que sí, mientras el 30 por ciento lo puso en duda.
Aquino Febrillet
Con relación a la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de santo Domingo (UASD) Mateo Aquino Febrillet, el 64 por ciento de los lectores confía en la justicia y descarta que el expediente se caiga en los tribunales. El 36 por ciento no tiene confianza en los jueces y estima que se caerá la acusación en contra los implicados.
El principal implicado es el empresario transportista Blas Peralta, quien junto a otras tres personas guarda prisión por el crimen, cometido en marzo de 2016. Es señalado por el Ministerio Público como la persona que disparó contra la yipeta en que se transportaba Aquino Febrillet, hecho en el que también resultó herida la secretaría de éste.
Contra Peralta y demás implicaos han retirado querellas Eduard Montás, contra quien habría disparado el dirigente transportista, y el chofer del exrector, Joel Antonio Soriano Ramírez.
Cesantía laboral
Respecto al interés del empresariado en eliminar la cesantía laboral y la oposición del minstro de Trabajo, José Ramón Fadul, el 78 por ciento de los lectores cree que no la eliminarán, pero el 22% entiende que sí.
