Si no han sido adrede los deslices, entonces el Ministerio Público está como quien anda por las nubes, al menos con relación a algunos sucesos. Por asombrosos llaman la atención yerros en que se ha incurrido últimamente. Es inconcebible, por de pronto, que por aparente falta de información el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el titular del departamento contra el lavado de activos, Germán Miranda Villalona, hayan quedado tan mal parados con los desacertados juicios sobre la detención en Colombia de un supuesto pastor evangélico dominicano vinculado al narcotráfico y el frustrado atentado para eliminar a un exconvicto que retornó al país tras cumplir condena por tráfico de drogas en Estados Unidos.
Cuando se conoció el caso del pastor Jorge Mercedes Cedeño, quien usaría iglesias evangélicas como fachadas para lavar dinero procedente del narcotráfico, Domínguez Brito no perdió el menor tiempo en negar que el detenido estuviera vinculado a las prédicas religiosas. “Esa persona no pertenece a ninguna iglesia organizada. No es miembro de ninguna de las congregaciones. No es parte en ningún sentido de la comunidad evangélica organizada”, expresó, al parecer sin conocer los vídeos en que aparecía el imputado predicando la palabra de Dios, incluso en una iglesia con un nombre muy sonoro. ¿Carecía el funcionario de información veraz o simplemente quería proteger al imputado? Solo él puede despejar la confusión.
Pero si la desinformación de Domínguez Brito es perturbadora, la falsa alarma de Miranda Villalona también envía un mensaje desconcertante. A raíz del atentado en que resultó herido el exconvicto Yubel Enrique Méndez Méndez Oreganito), a quien se sindica como hombre de confianza del capo boricua José David Figueroa Agosto, el funcionario indicó que el caso era señal de la guerra que librarían personas o grupos relacionados con el narco. Daba por sentado que el suceso era expresión de ajustes de cuenta. Sin embargo, la Policía no ha tardado en establecer que la tentativa de homicidio nada tiene que ver con el narco, sino con otros intereses: los de la exesposa por apropiarse de bienes que tienen en común en Estados Unidos. La señora Clara Guillermina Márquez Hernández, de 43 años, habría contratado a los sicarios para cometer el hecho.
Por menos atención que suela prestar la gente a los aparentes deslices de Domínguez Brito y Miranda Villalona, los casos deben servirles por lo menos de experiencia. No causa la mejor de las impresiones que dos funcionarios de tanta relevancia en la lucha contra el crimen no cuenten con constancias o indicios concretos que sustenten afirmaciones o tesis sobre casos y acontecimientos que perturban a la opinión pública. Lo del pastor evangélico detenido en Colombia y el atentado contra Oreganito son dos pifias que cuestionan su capacidad y funciones como servidores públicos. Aunque no les concedan la menor importancia.
