POR: Orlando Gómez Torres
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A pesar de las constantes alertas de los medios y expertos locales sobre los fraudes basados en supuestos negocios de “marketing de multinivel” o esquemas abiertamente piramidales, y las reiterativas noticias de la caída de estas estafas y las subsiguientes pérdidas incurridas por sus participantes, el ánimo de los dominicanos para seguir participando en estas parece mantener su auge. La base legal que por lo general pretende sostener estos “negocios” es notoriamente débil y tiende a perjudicar a sus participantes, lo que hace inexplicable su persistencia y aceptación en nuestro país.
Como las pirámides y los esquemas ponzi son comúnmente reconocidos como claros intentos de fraudes, por lo general estos “negocios” se presentan como de “marketing multinivel”, tratando de navegar las turbulentas aguas de legalidad de negocios más exitosos como Amway, Avon o Herbalife. Lo que debe quedar claro esas mismas empresas no escaparon (y aún viven bajo fuerte escrutinio) sobre sus prácticas de negocios, siendo en algunos países declaradas abiertamente ilegales u obligadas al pago de indemnizaciones para resolver demandas fuera de los tribunales.
La delgada línea de legalidad que sostiene a los negocios multinivel es que las comisiones o compensaciones que paguen a sus distribuidores no se deriven entera o en parte significativa de la captación de nuevos distribuidores, sino que estas estén asociadas de forma significativa en la venta de productos. Aún en el mejor de los casos, la mayor parte de las compras de productos de empresas de marketing multinivel se concentra dentro de sus propios distribuidores. Esto último ha llevado a muchos analistas legales y algunas cortes en el exterior a considerar el negocio multinivel en si como un esquema piramidal, no obstante los reguladores admitir su legalidad.
Como bien aclarara el Superintendente de Bancos hace algunos días, esa entidad no tiene calidad para perseguir ese tipo de fraudes. En un mundo ideal el mismo debería ser monitoreado por una entidad como PROCOMPETENCIA, pero que aún no opera en la práctica y que lamentablemente no prevé en su ley dicho alcance. En ese sentido queda enteramente en manos de la Procuraduría General de la República, que podría tipificar la formación de este tipo de “negocios” como una estafa.
Por lo general se tiene la apreciación de que en caso de las cosas salir mal, los únicos culpables son las cabezas del negocio que orquestaron el fraude. Sin embargo, todo distribuidor local que a sabiendas de que se trataba de una pirámide o que vendiendo “el negocio” como la captación de más distribuidores, captó más distribuidores, no solo sería igualmente culpable de estafa sino cómplice dentro de una asociación de malhechores.
