Son muchas las incógnitas que rodean el escándalo en torno a los Súper Tucano. Aunque por ahora una de las principales –y no es para menos- sea el nombre del senador que habría recibido el soborno pagado por la compañía brasileña Embraer para que se aprobara el financiamiento por 93. 6 millones de dólares para la adquisición de los ocho aviones para perseguir el narcotráfico. Pero si bien la identidad del legislador es importante, sobre todo por sus múltiples implicaciones en el cuerpo legislativo, tampoco es el único ni el principal nudo a desenredar sobre un revuelo de corrupción que cuando estalló hace alrededor de un año el procurador general de la República prometió investigar hasta las últimas consecuencias. De no ser por la reseña de The Wall Street Journal, que ha dado cuenta de que la firma carioca es investigada por el delito de mojar las manos, lo más seguro es que el escándalo durmiera el sueño de los justos, con una compacta losa de concreto encima.
Como el 16 de septiembre de 2008, cuando se aprobó el controversial préstamo todavía era senador, a Domínguez Brito no debe resultarle muy complicada la investigación para determinar tanto el nombre del legislador (a propósito identificado con pelos y señales por Radio Bemba) como todo lo relativo a un empréstito al que se opuso bajo el alegato de que los aviones son de muy alto consumo y la inversión global para el país sería superior a los 4, 000 millones de pesos, que estimaba muy alta. Pero todavía más, siempre que haya voluntad, con detalles como la identificación del coronel Carlos Piccini Núñez como el oficial que habría recibido los 3.5 millones de dólares que se distribuirían para la compra de las aeronaves y la aprobación del financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Social Económica del Brasil.
Pero si todavía así Domínguez Brito necesita más elementos solo tiene que ponerse en contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que según el diario neoyorquino ha proporcionado pruebas sobre las relaciones de la compañía en República Dominicana. Por lo menos las autoridades brasileñas ya se querellaron contra ocho empleados de la firma aérea por posible violación de la ley sobre el pago soborno.
En cuanto a los precios de las aeronaves Domínguez Brito debe establecer por qué los mismos tipos de aparatos fueron adquiridos por Colombia y Chile a precios inferiores a los que pagó República Dominicana. Este escándalo es diferente al de los aviones que desaparecen sin dejar rastros después de salir del aeropuerto Las Américas, como ocurrió hace apenas unas semanas. Hay muchas pistas, que descartan cualquier excusa, para llegar a la verdad y de paso propinarle un golpe contundente a la impunidad.
