En Santo Domingo, en el barrio La Ciénaga, situado a orilla del Ozama, abundan los “nini”: jovencitos que no tienen ni trabajo ni estudio. Algo común en ciudades y campos del país.
No pocos se dedican al raterismo para sobrevivir y consumir mercancías de “marca” que este capitalismo lumpunoso y banal le ordena llevar consigo para considerarse “importantes”; sin que el sistema le cree condiciones para poder hacerlo por “vía legal”. Otros se dedican a operar abiertamente puntos de drogas con el mismo fin.
Me contaba la tía de uno de esos rateritos -huérfano de madre y sin padre responsable- que estaba muy preocupada porque ese día su sobrino no aparecía.
El esfuerzo para dar con su paradero fue arduo (vecindad, destacamentos, hospitales…), pero finalmente lo localizaron en el llamado Palacio de la Policía Nacional, donde oficiales a cargo exigieron veinte mil pesos para soltarlo; agregándome que solo así se pudo resolver ese caso y que eso sucede en casi todos los casos de jóvenes capturados por la PN mientras cometen sus fullerías o cuando la empresa policial decide apresarlos para extorsionarlos, aprovechando su condición de delincuentes previamente “fichados”.
El dinero, o lo paga la familia o lo paga la pandilla, a los dueños de ese y otros jugosos “negocios” policiales.
La PN, en consecuencia, opera como entidad secuestradora de esos jóvenes, exigiéndoles para poder volver a la calle a cometer nuevos delitos, un rescate que convierte a las pandillas barriales y a sus miembros en unidades e individuos dedicados a la acción delictiva al servicio de bandas policiales conectadas a atracos callejeros y residenciales, robo de motores, carros, prendas, carteras y celulares, protección de ilegalidades, extorsión a comerciantes, fraudes, estafas, falsificaciones…
No faltan incluso bandas mixtas integradas por policías y civiles. Tampoco el uso de la función policial para incurrir en diversas modalidades de corrupción de bajo, mediano y alto nivel, incluido el micro y el macro-tráfico de drogas y múltiples variantes de narco-corrupción; todas conectadas a instancias del cuerpo policial, donde ingresos por delitos, peajes y cuotas de rehenes son escalonadas y ascendentes: a mayor rango, mayores ingresos.
Claro que no toda la oficialidad es culpable de esa degradación, tampoco la mayoría de sus clases y rasos. Pero el secuestro de la institución por el poder delincuente que la domina, conectado a este Estado delincuente e impune, es indiscutible.
Razones sobran para plantear su disolución y su reconstitución sobre otras bases.
