Los negociantes de la política se han unido para llevar al pueblo la falsa idea de que bajo el sistema social actual es posible que los pobres tengan garantizada la salud pública, pero la realidad dice que no es ni ha sido así, ayer ni hoy, y para que se compruebe lo que decimos traemos a colación lo siguiente.
Hace un tiempo, la prensa nacional trajo la información de que la República Dominicana tiene la más baja cobertura de salud de las naciones de Centroamérica y el Caribe, con un cuarenta por ciento, según dato aportado por un miembro consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.
En sociedades como las nuestras, divididas en clases sociales, no todas las personas tienen igual posibilidad económica para hacerle frente a los problemas relacionados con la salud, pero el Estado está en la obligación de garantizar a los más necesitados los servicios indispensables.
No hay que ser muy inteligente para comprender que los pueblos dominados por sistemas sociales, como el que predomina en nuestro país, los que tienen más posibilidades de enfermarse son los pobres por las condiciones económicas y sociales en que viven, y por tal razón el Estado debe ir en su auxilio.
De seguro que resulta difícil e insoportable para la mayoría de los dominicanos y dominicanas hacerle frente a determinadas enfermedades que, por su propia naturaleza, requieren de la aplicación de medicamentos especiales. Por ejemplo, la persona pobre, afectada de cáncer, está condenada a morir, en un noventa y cinco por ciento más rápidamente, que una de clase media acomodada.
Los que aquí se han robado los dineros del pueblo a lo mejor no se imaginan el daño, la sentencia a muerte inmediata a que han condenado a miles y miles de hombres y mujeres enfermos imposibilitados de adquirir los medicamentos indispensables para combatir dolencias malignas.
Por tal razón es que cuando se levantan voces exigiendo sanción contra los corruptos, es porque el fenómeno de la corrupción entraña, además de descomposición social, injusticia y burla a los que necesitan que los recursos del Estado sean invertidos en áreas que, como la salud pública, resultan determinantes para la seguridad y vida de los que no pueden pagar los medicamentos y servicios en el sector privado de la medicina. Hay correlación entre corrupción y mala salud pública.
