La falta de coordinación que evidenció el incremento de la tarifa de electricidad para el sector residencial plantea la necesidad de unificar el sector en torno a un ente que lidere y decida todas sus acciones. De esa manera, decisiones como la adoptada por la Superintendencia de Electricidad responderían a una estrategia y a objetivos específicos de los entes que conforman el pastel eléctrico.
Otorgar poderes especiales a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para decidir sobre el alza de la tarifa y otras medidas relacionadas con el sector no sería una novedad ni una amenaza contra la transparencia y el sistema institucional. Se cuenta con el precedente del 2009, cuando el entonces vicepresidente de la CDEEE, Celso Marranzini, fue investido de poderes especiales para dirigir todo lo relacionado con el mutilado sector.
El proceso para la instalación de nuevas plantas, la recuperación financiera de las distribuidoras a través de una mejoría en los cobros y la eliminación de las pérdidas técnicas tornan merecedor a la actual vicepresidente de la CDEEE, Rubén Bichara, de poderes especiales para definir estrategias y coordinar todas las operaciones del sector. Es una decisión que el presidente Danilo Medina debe sopesar.
