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En la entrega anterior, el autor afirma que, en la Francia actual, el éxito en el Ministerio de Inmigración es estimado a partir del número de personas expulsadas o detenidas por delitos migratorios. Destaca que en un estudio de la ONU son descritas las violentas condiciones de detención de indocumentados y demandantes de asilo, así como sus deplorables locales de retención y sobrepoblación carcelaria, además de que son violados los derechos procesales.
El recién nombrado ministro de la cartera, E. Besson, se esfuerza sin cesar por obtener una mejor mención que su predecesor. El mismo viene de someter una circular para premiar con un permiso de estadía provisional a todo aquel que delate a traficantes de clandestinos y se propone firmar el decreto para ejecutar el proyecto biológico de exámenes ADN a los candidatos del reagrupamiento familiar.
Todo esto es más bien el reflejo concreto de un síntoma nacionalista que ha venido recreándose y extendiéndose en distintas naciones Europeas, como Holanda, Italia, Bélgica, Alemania, Inglaterra y España.
El último debate a escala mundial es el relativo a la directiva del retorno dirigida a los inmigrantes ilegales en territorio Europeo. En síntesis: una vez la decisión de retorno aplicada, el inmigrante dispone de 7 a 30 días para regresar voluntariamente a su país. De lo contrario, una sentencia de expulsión es aplicada, seguida de una decisión jurídica de ingreso en centro de detención. Por el vencimiento de su plazo de retiro voluntario (eufemismo de expulsión!), se le adjudica una prima de impedimento de entrada en el territorio en cuestión pudiendo llegar hasta 5 años. Cabe señalar que esta política no prohíbe la expulsión de menores de edad!
En fin, ¿como pasar por alto la lucha social ejemplar que se busca reprimir (y ha sido respondida con represión) a 7000 km del hexágono francés. Guadalupe lleva ya un mes en huelga general ante la indiferencia total e irresponsabilidad del gobierno francés en cumplir los acuerdos de aumento salarial. Más allá de un grito contra la falta de compromisos de un 25% de desempleo y el alto costo de la vida, este Departamento de Ultramar reivindica Respeto y Dignidad ante tantos años de sumisión y menosprecio.
Convertidos así en una especie de objetos sin valor, donde la cifra importa más que la integridad humana, la nacionalidad sin ciudadanía es un pedazo de papel, el delito de ser inmigrante esta sujeto a una dominación cultural y económica, véase colonial, la custodia de la Nación pasa por la sanción y racialización de sus heréticos en tiempos de recesión y la meritocracia premia el mejor guardián de esta concepción , los clamores de justicia de estos ciudadanos parecen estar condenados al castigo perpetuo de la represión y ocultismo de los predicadores universales de los Derechos Humanos.
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