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Si bien este titular puede adaptarse al balance de más de 500 muertes por manos policiales en el 2008, así como a múltiples reportes que rinden cuenta de corrupción en el seno de las distintas fuerzas del orden dominicanas, esta expresión histórica emana de otro contexto. Ese de las manifestaciones ante el desafuero institucional, inequidad social y discriminación practicadas por las administraciones públicas en Europa.
Junto a los nacionales de clases populares que sufren estos males, se encuentran los inmigrantes, véase los nacionales de un origen histórico dominado. Aquéllos para quienes a esta dominación social, se adiciona la sujeción que los percibe como ciudadanos de segunda.
En Francia, la nación europea más antigua de inmigración, este fenómeno ha venido agudizándose. Esto no se limita a la férrea voluntad del presidente Nicolás Sarkozy. Es cierto que, desde su llegada al poder, dio libre albedrío al combate contra la tiguerocracia bajo la fórmula de tolerancia cero (un producto de la multinacional represiva W. Bratton y R. Giuliani, jefe de la Policía y alcalde de Nueva York respectivamente entre 1994-96).
Es cierto, por igual, que desde su antiguo cargo de Ministro de Interior (2005-07), Sarkozy no titubeó en respaldar la violencia física policial, aumentando las redadas y detenciones en función de características fisonómicas. Ni vaciló en estigmatizar de bandidos y chusma un origen social y étnico, el cual había a su entender que limpiar a alta presión. Humillación pública que le valió el paso al acto político subversivo de centenares de jóvenes en el 2005.
No es menos cierto que durante la campaña presidencial fundamentó gran parte de su discurso en la Seguridad Nacional, con la promesa cumplida de crear un ministerio de Inmigración e Identidad Nacional, recuperando así las masas del partido extrema derechista Frente Nacional. Tal como lo hiciera diferente y vilmente el Partido Socialista, en voz de su candidata Ségolène Royale.
Sus peones le obedecen y satisfacen. A mediados del 2008, B. Hortefeux, entonces ministro de Inmigración, defendió y celebró el sobrepaso de un 31% de la cuota de 25000 expulsiones exigida por Sarkozy. En efecto, el éxito de una gestión se encuentra hoy condicionado al número de individuos detenidos y expulsados (¡estimado a 27 mil en el año 2009!)
Detención y expulsión severamente condenadas en un estudio de la ONU, el cual expone, entre otros aspectos, las violentas condiciones de detención de indocumentados y demandantes de asilo, así como sus deplorables locales de retención y sobrepoblación carcelaria, la violencia infligida al interior de dichos centros e inactividad oficial ante ésta, la falta de información a reclusos sobre sus derechos y la expatriación sin análisis detenido de casos.
