El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó ayer a la Junta Central Electoral (JCE) supervisar el acto de entrega de certificados al recién electo presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado.
El PRD también pidió a la JCE fiscalizar la XXII convención de delegados en que será proclamado Vargas Maldonado el 19 de este mes.
La solicitud fue hecha por la Comisión Organizadora de la Convención, a través de una carta enviada a la JCE, firmada por Tirso Mejía.
Reclama obras SDE
Un precandidato a regidor por el PTD, en Santo Domingo Este, reclamó de Obras Públicas terminar del puente peatonal en la avenida San Vicente de Paúl próximo al puente de la 17. Luis Romero Vargas dijo que desde la gestión de Hipólito Mejía se inició la construcción de esa obra, pero que fue paralizada sin explicación a los residentes del lugar. Es una necesidad la terminación de ese puente peatonal en esta vía, ya que a diario se producen accidentes lamentables, destacó el también dirigente comunitario, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que eviten más tragedias.
Reducir desigualdades
El diputado Víctor Bisonó (Ito) dijo que disminuir la pobreza y otorgar igualdad de oportunidades debería ser una de las prioridades de cualquier Estado, independientemente del color político de su gobierno. Dijo que según el último Latinobarómetro, el Estado dominicano falla en ese cometido. Explicó que el país encabeza el ranking de países donde se percibe que el Gobierno no ha podido reducir las desigualdades sociales.
Producción en el suelo
El vicepresidente del PRSC, Rafael Cordero Díaz, dijo que el país requiere de un modelo, que si bien cumple con los compromisos internacionales, que no privilegie las importaciones de bienes y servicios en detrimento de la producción nacional. Dijo que la industria y la producción agropecuaria están hoy por el suelo porque el modelo económico del Gobierno ha privilegiado importaciones regularmente subsidiadas en sus países de origen. Creo que se deben establecer mecanismos transparentes que permitan un mejor aprovechamiento de los fondos aportados por los socios del Estado.
