Indiscutiblemente, el aspecto económico es el que norma el quehacer de la humanidad. No importa a la clase social que pertenezca una determinada persona.

En la República Dominicana, la violencia financiera contra las mujeres también es parte de esa terrible verdad.

Sólo hay que oir las quejas externadas por cientos de miles de mujeres que son agredidas económicamente por sus antiguas parejas, sin que nadie las proteja. La sociedad guarda silencio y se hace de la vista gorda.

Centenares de esas damas van a los tribunales para reclamar la manutención de sus hijos por parte de padres irresponsables que, además de agredirlas físicamente, condicionan dar el sustento sobre la base de que la mujer acceda a sostener relaciones íntimas con ellos.

Hace varios días, tuve la oportunidad de encontrarme en un Juzgado de Paz y pude ver cómo algunas de las madres demandantes se quejaban de su frustración por no encontrar el respaldo de las autoridades competentes en sus reclamos frente a hombres que gozan de gran influencia pública o son dirigentes del partido gobernante.

Mi sorpresa fue mayor cuando una de las mujeres comentó llorosa que llevaba seis meses tratando de que el Ministerio Público apresara a su ex-pareja que no mantiene a su hija y se ufana en decir que sus funciones en el Partido de la Liberación Dominicana le creaban el ambiente para que ningún juez se atreviese a tocarlo.

Al margen de cualquier simpatía partidaria, estimo que las organizaciones políticas no deben prestarse para que sus dirigentes y militantes se conviertan en agresores consuetudinarios del género femenino.

Un dirigente político no debe esconderse en sus influencias públicas para no cumplir con sus responsabilidades frente a sus vástagos menores de edad.