La Constitución de la República garantiza libertad de empresa y de mercado con libre negociación para la adquisición de bienes o contratación de servicios basados en la voluntad de las partes, sin que ninguna forma de monopolio u oligopolio altere una armoniosa relación entre oferta y demanda. Una resolución administrativa que data de 2004 obliga a usuarios del transporte de carga a conceder a la Federación Dominicana de Transporte (Fenatrado) el 50% de todas sus necesidades de transportación de bienes o mercadería, lo que colisiona con la Carta Magna, al conceder irritante privilegio.
Como consecuencia de esa práctica desleal de comercio, ninguna mercancía puede ser sacada de los muelles sin antes consignar que el 50% sería transportada en camiones de ese sindicato y lo mismo ocurre con los víveres, granos, frutos y vegetales que requieren ser llevados desde las zonas de producción hasta los diferentes mercados.
El presidente de Fenatrado, señor Blas Peralta, ha advertido que por la vigencia de esa resolución, a todas luces inconstitucional, “nos matamos con cualquiera”, clara señal de que se trata de una medida que se impone por la fuerza o por miedo.
Otra cosa sería si ese gremio de camioneros arriba a acuerdos voluntarios con asociaciones de industriales, comerciales, agrícolas, mineras o de servicios para transportar el 50 o el 100 por ciento de las mercancías que entran o salen por puertos y aeropuertos o que se trasladan de un lugar a otro en el territorio nacional.
El Gobierno no está facultado a obligar a empresas o personas físicas a contratar transporte de carga con un sindicato determinado, llámese como se llame o depositario de algún poder supranatural, porque esa obligatoriedad viola el derecho constitucional a la libre contratación.
Tampoco se aboga para que entes empresariales impongan monopolio u oligopolio con propias flotillas de camiones y patanas; lo que se reclama en buen derecho es que el Estado y el Gobierno garanticen la libertad de empresa y no perturben el principio constitucional que rige la oferta y la demanda.
La mentada resolución que otorga tan irritante privilegio a Fenatrado encarece el costo de la mercancía y resta competitividad a las empresas dominicanas, obligadas a contratar los servicios de los afiliados a ese gremio sin poder negociar libremente precios y condiciones. El miedo es una enfermedad.
