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No obstante todo lo que indicare en un artículo anterior, hay ciertas cosas que deben resultarnos más que evidentes a todos los que estamos interesados en la reforma del sector eléctrico: el desmonte del gigantesco subsidio solo es posible en el largo plazo y la privatización de las EDEs y otras empresas estatales de electricidad será una meta de mediano plazo que solo tendrá sentido ejecutar una vez el problema de la generación y las pérdidas técnicas sea resuelto o cuando al menos llegue a un estado avanzado de solución. De lo contrario expondremos al Pacto Eléctrico a las mismas presiones políticas que en el 2004 nos volvieron a meter en este problema.
El primer paso hacia una solución realista al problema del sector es delimitando claramente las funciones y los mandatos de las entidades reguladoras. La CDEEE como figura que se impone sobre todo el sistema de electricidad como un semi-Dios, debe desaparecer. Contrario a lo propuesto por algunos sectores, no solo la CDEEE, que es un participante activo en el mercado, no debería asumir roles que corresponden a entes reguladores, sino que se debe empezar a trazar una hoja de ruta para su disolución como entidad; dejando al Consejo Nacional de Electricidad y a la Superintendencia de Electricidad como los únicos entes encargados de velar por la seguridad y confiabilidad del sistema, y resguardar el interés público.
Tanto el CNE como la SIE deben tener un mandato expreso de promover la expansión del parque de generación del país y su conversión hacia energías menos lesivas al medio ambiente. El sector de la generación de electricidad del país debe estar en capacidad de siempre atender no menos del doble del pico de la demanda de energía a nivel nacional, y debe tener vocación exportadora una vez dicho límite sea alcanzado. República Dominicana puede convertir la electricidad en un generador neto de divisas en vez de un barril sin fondo.
Para alcanzar lo anterior el país debe abrirse hacia los productores globales de energía y promover la competencia en ese subsector. Pero para que esto sea factible y sirva a un propósito, el Estado debe poner fin a los controles directos sobre el precio de la tarifa eléctrica, lo que sellaría definitivamente el problema del subsidio. Claro, se puede aplicar un sistema similar a Chile y que en casos bruscos de variaciones de precios en la electricidad el Estado subsidie el impacto inmediato haciendo desmonte del mismo en un plazo no mayor a seis meses. Pero esa volatilidad de los precios de la energía indudablemente será menor en la medida que el parque de generación esté más diversificado.
El Estado dominicano actualmente y en el futuro próximo no va a estar en la capacidad de realizar todas las inversiones que son necesarias tanto en la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, al mismo tiempo que arrastra al gigantesco subsidio. Pretender que se cuentan con esos recursos o soñar con que ellos caerán del cielo no solo no es realista, sino que sería en pecar de irresponsables. La participación del sector privado, dentro de un marco regulatorio claro y confiable, es sin lugar a dudas la forma más eficiente de no solo normalizar la situación de la energía eléctrica en la República Dominicana, sino de convertir una gigantesca aspiradora de dinero, en un ente productivo.
